La Abogacía del Estado: la inspección en el Arena no era cuestión de la Delegación

«La intervención de dichos miembros del Cuerpo Nacional de la Policía , limitada según la indicada orden de servicio de hacerse cargo, si la hubiere, de la recogida de la documentación y la supervisión de la apertura del local esa noche no puede reputarse como inspección previa en los términos del artículo 30 de la Ley 17/1997 de espectáculos públicos y actividades recreativas, ni mucho menos un control de accesos», esgrime el abogado del Estado.

Atribuye estas acciones como «una manifestación del principio de cooperación entre administraciones , dado que la documentación que pudiera recogerse no iba destinada en ningún caso a órganos de la Administración del Estado, al no ostentar competencias sobre la materia, sino la autonómica».

Ley de Espectáculos

El informe detalla que la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos en la región, si bien aprobó la Ley 17/1997, que instituye a los ayuntamientos como «administraciones responsables, con carácter ordinario, de velar por el cumplimiento de la misma , respetando la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública».

De hecho, alude al artículo 30.1 de dicha ley, «que es claro al disponer que corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de las funciones inspectoras que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas objetos de la Ley».

«En consecuencia, no se atribuye a la Delegación del Gobierno ninguna competencia para ejercer funciones inspectoras para garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas objeto de dicha Ley», añade el informe de la Abogacía del Estado.

Además, subraya que, según la legislación en vigor, los titulares de los establecimientos y locales o de las respectivas licencias y los organizadores de los espectáculos públicos y actividades recreativas serán «responsables solidarios» del desarrollo de la actividad de control de acceso a aquellos, «debiendo, además, implantar medidas o servicios de vigilancia en los casos que determine la Comunidad de Madrid reglamentariamente su naturaleza, aforo o incidencia en la convivencia ciudadana».