Uno de los almacenes de Madrid
Uno de los almacenes de Madrid - cnp

Interior destruirá 21 toneladas de droga incautada desde 2006

Una nueva ley da un mes de máximo a los jueces para que ordenen que los alijos sean incinerados, salvo una muestra. Existe una gran saturación

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Como muy tarde a principios de mayo, la práctica totalidad de las más de 21 toneladas de droga procedente de incautaciones y que se conservan en distintos almacenes secretos será destruida. Las Delegaciones del Gobierno se quedará sólo con muestras de cada incautación para que consten como prueba en cada asunto judicial en el que estén inmersas, a no ser que en ese plazo el juez instructor dé una orden concreta para seguir con su almacenamiento. Así se hará a partir de ya tras el cambio legislativo realizado por el Gobierno de la Nación, que busca dos objetivos generales: evitar que se produzcan más robos en las cámaras acorazadas, como ya ha ocurrido en Sevilla, Málaga y Cádiz, y disminuir los riesgos para la salud para quienes trabajan en esas instalaciones.

La problemática que generan estos hacinamientos está prácticamente generalizadas en todas las comunidades autónomas, aunque las que más saturación soportan son Madrid y Andalucía. Un ejemplo: a finales de enero de 2012, sólo en las dos cámaras de la Delegación del Gobierno madrileña se guardaban 23 toneladas, sin contar lo que había en los otros búnkeres repartidos por la región.

En la actualidad, Delegación custodia 8 toneladas de estupefaciente desde 2006, mientras que en los edificios dependientes de la Policía Nacional hay otras casi 12 toneladas y en los de Guardia Civil 1,5. En total, 21.500 kilos que a finales de abril o principios de mayo se someterán a cremación, a excepción de las muestras que han de servir como pruebas judiciales.

Semejante problemática ha llevado a pisar el acelerador en un año para conseguir una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). El proceso que se seguía hasta ahora era el siguiente: los alijos inmersos en procedimientos judiciales (no así las pequeñas cantidades para consumo propio, que son requisadas y se someten a una sanción administrativa) eran analizados una vez que llegaba la orden judicial, explica Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno. «Se extrae la droga de los envases y se analiza; luego, la droga se guarda en cámaras acorazadas. En muchos casos, sigue almacenada durante años, hasta que el juez instructor lo ordena; pero, en muchos casos, pasa el tiempo y se le olvida dar la orden. También nos encontramos con otras circunstancias, como que el estupefaciente haya sido encontrado dentro de una maleta abandonada en Barajas, por lo que no hay encartado», especifica la delegada.

Riesgo para los sumarios

Los jueces en muchos casos no se pronuncian sobre la destrucción total del alijo o sobre la parcial, dejando sólo las muestras, en bastantes ocasiones para curarse en salud de cara a no tener problemas sobre la fiabilidad de la prueba o incluso la cadena de custodia. Porque estas sustancias, con el paso del tiempo, pierden sus propiedades iniciales, y en un segundo o tercer contranálisis puede arrojar un resultado distinto al inicial, poniendo patas arriba el sumario de un caso.

Así es como, año tras año, se fue guardando más y más droga, hasta prácticamente colmar los topes de las instalaciones especiales dedicadas a ello. Había que ir juzgado por juzgado pidiendo o recordando a sus titulares que ordenasen la incineración de cada caso, prácticamente. Se habló con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, para que autorizara destrucciones masivas; pero sólo se consiguió que su presidente dictara dos prevenciones en las que recomendaba a sus señorías que las ordenaran como regla general y a modo de «buenas prácticas».

Hasta que en octubre pasado, el Gobierno firmó un acuerdo de colaboración para impulsar el cambio de las reglas del juego. Pero el verdadero paso se dio este 22 de febrero, con el Real Decreto 3/2013, que incluye en su artículo 4 una modificación de la LECr: las Delegaciones destruirán los alijos analizados desde el 24 de febrero si, tras un mes, el juez no ordena su conservación.