Tiempo muerto en la mina de Corcoesto

Las contradicciones proliferan en torno a Corcoesto. Son muchos los implicados y cada uno aporta una versión sobre aspectos sensibles. Respecto a la denegación del proyecto no hay dudas. El «no» le correspondía darlo a la Consellería de Economía e Industria . Y es firme. Consultados por ABC, desde este departamento aseguran que la Xunta «apuesta firmemente por una minería responsable, medioambientalmente sostenible y creadora de valor». Y se amparan en informes para justificar su decisión: «El proyecto no tenía la solvencia técnica suficiente y no contaba con la solvencia financiera que garantizase su viabilidad. Un proyecto así necesitaba las máximas garantías».

Pero la cancelación de los planes de Edgewater sufrieron otro varapalo con la entrada de 2015: la ley de acompañamiento de los Presupuestos autonómicos de este año incluía una disposición por la que, según explican desde Industria, «se procederá a la cancelación de los derechos mineros de todas las explotaciones que no estén activas y cuyos proyectos sean denegados». Se aplicará con carácter retroactivo. Es decir: en breve Edgewater los perderá.

¿Eso supondrá el final de la posible reapertura de la mina? La empresa y los colectivos que respaldan sus intenciones recuerdan que la declaración de impacto ambiental concedida por la Consellería de Medio Ambiente en 2012 sigue en pie y con validez para cinco años. Los detractores sostienen que el Valedor do Pobo opina lo contrario . A mayores, en los próximos meses podrían surgir nuevos interesados en el oro de Corcoesto. Donde unos ven una oportunidad, otros hablan de amenaza. Los primeros señalan la riqueza y el empleo que supondría para la comarca. Los segundos temen las consecuencias que el uso del cianuro podría suponer. Mientras, la Cámara Oficial Minera de Galicia declina realizar declaraciones a este periódico tras sopesarlo.

Los alcaldes de los concellos afectados, aún siendo del mismo partido, no comparten pareceres. En Coristanco se aprobó la semana pasada una moción para que la Xunta finiquite las posibilidades de Edgewater. En cambio, el regidor de Cabana, José Muiño, sigue apostando por ello y se muestra muy crítico con sus compañeros de partido, con denuncias incluso de supuestas irregularidades. «Esto es una desgracia para la comarca. Era una oportunidad perdida que seguramente no vuelva. Iba a ocupar a una población joven », expresa a este diario. Cifra, «a la baja», que la mina a cielo abierto —que después también sería explotada bajo tierra— daría trabajo a 270 personas de forma directa durante dos décadas. «Pero los proyectos mineros tienen una relación de cuatro puestos indirectos por cada directo», de ahí que eleve la estimación a unas mil familias.

Considera que la responsable de que la mina no sea hoy una realidad es la administración, con la que comparte siglas. «Llegó un momento en el que esto se convirtió en una carrera de obstáculos donde a la empresa, que siempre se ofreció a colaborar y a cumplir lo que pedían, le cambiaban las reglas del juego cada día», señala Muiño.

Su mayor pesar es que estos «impedimentos» generen desinterés en potenciales inversores en la zona «durante largo tiempo». «Estamos dando una imagen lamentable. Cuando cambias de criterio, generas desconfianza», manifiesta sin olvidar que la Xunta pareció apoyar a Edgewater inicialmente. A la vez, mira con envidia hacia otros lugares «como Andalucía, donde la minería se apoya de forma masiva». Manifestar en público todo esto, confiesa, la ha generado «tiranteces» con otros colegas del Partido Popular.

Rechaza que fuera l a enorme movilización social lo que propició el giro en la posición del Gobierno gallego. «Esto fue un problema más de intereses de alguna gente que manipuló el proceso, lo boicoteó e hizo cambiar de opinión a aquellos que creían en el proyecto». De hecho, recalca que se formuló una encuesta entre los lugareños «y en torno al 80 por ciento quería la mina. Yo lo llevaba en mi programa electoral. El BNG hizo campaña en contra. Nosotros sacamos nueve concejales de once y el Bloque, ninguno. Está clara la opinión del pueblo».

En la orilla contraria está Salvemos Cabana, el colectivo que con más ímpetu se ha movilizado contra los planes industriales en Corcoesto. No entienden que el alcalde, siendo veterinario, mantenga su postura, le acusan de no vivir en el municipio, de haber dado charlas a favor de esta explotación y de dividir a los vecinos. Desde el grupo antagónico, Corcoesto Sí, a quien critican es al regidor de Coristanco «porque le dice que sí a todo el mundo. Cambia de opinión de un día para otro».

Ramón Varela, portavoz de Salvemos Cabana, entiende que la demanda de Edgewater ante la Justicia «tiene poco recorrido» por varios motivos. Primero, defiende que la empresa no cumplió lo exigido por la Xunta: «Le pidieron un 25 por ciento de fondos propios en capital y reservas que equivalía en relación a la inversión del proyecto a unos 27 millones de euros. Le dieron un plazo para cumplirlo y no lo pudo satisfacer». Y alude, además, a una pregunta formulada a la Comisión Europea por la eurodiputada de AGE, según la cual la canadiense ni siquiera podrá reclamar indemnización alguna.

Pero mantienen una preocupación compartida con la Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, en la que hay organizaciones ecologistas: «La entrada de Sacyr en el plan minero de Galicia, que en un futuro pueda reactivar el proyecto» y situar en el pueblo una planta donde se procese también el mineral de otras explotaciones.

Por este motivo, están intentando —unidos con veinte colectivos europeos— que se prohiba el uso del cianuro (necesario para separar el oro de la roca) en Europa, lo que provocaría que este tipo de proyectos no fueran rentables. Tanto Varela como Braulio Amaro, portavoz de la Plataforma que también aporta su parecer a ABC, sí creen que su movilización favoreció el «no» a Edgewater. «Si no hubiera habido presión social, la mina estaría funcionando desde hace tiempo», asevera. Ambos advierten de que «estarán muy pendientes» de los futuros movimientos.

En Corcoesto Sí tampoco piensan rendirse. Lo dice Toñi Pose, quien expone idéntico diagnóstico que el alcalde Muiño. Ella acusa a AGE, BNG y sindicatos de enfrentar a los ciudadanos y afirma que «la gente que revolucionó todo no vive en Corcoesto. La mayoría son funcionarios y ecologistas que no sabían ni dónde estaba. Es una pena, pero vamos a seguir luchando». La última palabra parece por ahora muy lejana.