El Ayuntamiento ocultó los avales para endosar al Plan E las aceras del alcalde

Según indica en su escrito Intervención General de la Administración del Estado, el hecho de que la actuación urbanística contase con varios avales presentados por particulares —por el importe que ahora se le reclama, como garantía de la obligación adquirida con el Consistorio de urbanizar la parte correspondiente a su vivienda— implica una disminución en el coste financiable con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).

Es al famoso Plan E al que el Concello endosa las obras que en origen tenían que haber sufragado los vecinos de la Calle Clara Corral Aller , incluido el actual regidor. Así se aprueba en junta de gobierno en 2009 y en presencia de Agustín Fernández, entonces concejal de Economía y Hacienda. La actuación supone un desembolso de 227.873,76 euros que el Ayuntamiento de la ciudad gallega carga a los citados fondos públicos, cuando la legislación urbanística recoge textualmente que «los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado —como es caso— deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que alcancen la condición de solar».

De este modo se justifica el aval depositado en su día por el primer edil y dos de sus vecinos. Documentos que el Ayuntamiento ocultó para cargar el cien por cien del coste del programa de urbanización a las arcas públicas, y que le han valido una amonestación por parte de Hacienda.

Es ya la segunda que recibe por estas obras. En un control de financiación realizado en 2012, el mismo departamento le había requerido el reembolso de 27.022,49 euros, correspondientes en este caso a mejoras en la calle que no constaban en el proyecto inicialmente subvencionado. La suma de estas dos cantidades (96.663,46 euros) supone el 42 por ciento de su coste total.

En cualquier caso, ambos documentos dan la razón al PP en la oposición, que en marzo de este año remitía el expediente municipal de la actuación urbanística a la Fiscalía para que investigue sobre posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Además, confirman que el alcalde urbanizó su casa a costa del erario público, tal y como consta en la denuncia.

El 8 de octubre de 2009, siete meses después de la mencionada junta de gobierno, la adjudicataria recepciona las obras al Concello y el ahora alcalde socialista no deja pasar ni veinte días para reclamar el aval pagado doce años antes y que le garantizaba la licencia de ocupación.

Un total de 10.633 euros que le fueron devueltos, pese a que la obra en cuestión fue calificada de «deficiente» desde el punto de vista de la gestión urbanística. De este modo lo recoge el interventor municipal en un informe elaborado este año, en el que hace constar que procede reclamar al alcalde 27.966,49 euros por las cuotas de urbanización que no llegó a costear.

El 15 de abril de 2010, los miembros del gobierno, integrado por socialistas y nacionalistas en coalición, acuerdan la cancelación del aval y su devolución a Fernández y otro vecino con intereses en la misma calle (no igual a un tercero al que se le denegó). Una decisión que es duramente cuestionada en el mismo escrito de Intervención, que apunta a que se tomó «sin amparo o fundamento legal».

Del mismo modo, recuerda que el Reglamento de Gestión Urbanística recoge que «el incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de la licencia». Extremo este último que no parece que vaya a atender el Ayuntamiento, dado que el gobierno acordaba en junio declarar la caducidad del expediente sobre la devolución de la fianza.