De Lara ve delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en Paula Prado

El documento judicial tiene fecha del 17 de junio y está conformado por 48 folios. En él Pilar de Lara expone los argumentos por los que, a su juicio, el órgano judicial competente -el TSXG, debido a la condición de aforada que Prado mantiene como diputada del Parlamento de Galicia- debe investigar a la exportavoz popular.

El contenido de la exposición motivada no había trascendido hasta el momento, pese a que la Sala de lo Civil y Penal del TSXG la recibió en junio y ahora es la que debe pronunciarse acerca de si la admite a trámite e imputa a la diputada del PPdeG, que por el momento sólo ha comparecido como testigo ante De Lara. La Fiscalía, siguiendo el trámite judicial, ha analizado la documentación y ha recomendado que se investigue para comprobar si incurrió en algún ilícito penal .

Entre las cuestiones que plantea De Lara, se pretende aclarar la participación de la exportavoz cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en «el pago de una factura inflada» por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en «adjudicaciones presuntamente ilícitas» a favor de GRS y Aquagest.

Asimismo, se indaga sobre la «influencia» de Paula Prado en la contratación de determinadas personas «afiliadas o próximas ideológicamente» a su partido «en empresas concesionarias de obras y servicios» del Ayuntamiento de Santiago, «llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo».

La instructora de la Pokemon entiende que, «independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños». Considera, además, que «podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos».

Otro asunto en el que incide la juez es en la supuesta petición de Prado, el 2 de junio de 2012, al exconcejal Albino Vázquez, de que «le permita aparcar su coche privado» en la Praza do Obradoiro «para evitar que se le impongan las correspondientes sanciones».

Del mismo modo, De Lara aboga por investigar «influencias supuestamente ilícitas» en las que Prado habría intervenido junto con otros concejales, así como con Ángel Espadas, exjefe de gabinete del exalcalde Gerardo Conde Roa, para «beneficiar económicamente» a su marido, Francisco Antonio O.I., en su actividad de venta de materiales textiles, entre ellos, a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón.

Según la exposición motivada, para tal fin podría haber empleado «a terceros intermediarios» a fin de «no involucrar su nombre como proveedor».

Además, conforme hace constar la juez, «éste habría utilizado estratagemas como la de facturar por medio de personas interpuestas». «Así, como persona física, por un lado a Servicios y materiales, del grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales», apostilla.

Paula Prado dimitió a principios de junio de su cargo como portavoz del PPdeG , aunque se mantiene como diputada autonómica, lo que le permite conservar su condición de aforada.

Tras semanas sin comparecer ante los medios, aunque sí emitió un comunicado negando las supuestas irregularidades de las que sospecha De Lara, la dirigente popular reconoció el día en el que renunció como portavoz que su relación con la «Operación Pokemon» no estaba «ayudando al partido» y le impedía «el trabajo que exige una portavocía».

Fue precisamente a raíz de los pinchazos telefónicos y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) cuando la juez Pilar de Lara decidió una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada «ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal».