La alcaldesa de Viveiro, a un paso de ser juzgada por prevaricación urbanística

«Acuerdo la continuación de las presentes diligencias como procedimiento abreviado (...) por presuntos delitos de prevaricación urbanística contra Francisco Luis Rodríguez Guerreiro, José Luis Docampo Fortes, Rafael Luis Fernández Amor, María Loureiro García y María Isabel Rodríguez López y por presuntos delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental contra Manuel Cortón Muinelo». El auto que, salvo que un recurso lo contradiga, pondrá patas arriba a la Corporación municipal de Viveiro, continúa pidiendo al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que «en el plazo común de 10 días soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa». Firma la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de este municipio de A Mariña lucense, Vanessa María Formoso Castro.

Si los imputados interponen un recurso de apelación y éste no prospera, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, deberá sentarse en el banquillo de los acusados junto a su segunda teniente de alcalde, María Isabel Rodríguez López, ambas del Partido Socialista. Pese a haber dejado el gobierno, el carné del puño y la rosa también lo poseen José Luis Docampo Fortes y Rafael Fernández Amor, mientras que Francisco Rodríguez Guerreiro fue primer teniente de alcalde en la primera corporación bipartita que encabezaba el fallecido Melchor Roel, que murió el pasado diciembre por un cáncer de pulmón y que estaba igualmente imputado en esta causa. La sexta persona que menciona la juez Formoso en su auto, y a la que también imputa por falsedad documental, es un técnico que asesoró al gobierno viveirense durante el huracán urbanístico del año 2006.

En aquel año, varios miembros de la Corporación coincidieron en que la normativa urbanística que regía Viveiro necesitaba urgentemente ser actualizada. En aquel momento, se encontraban ya en fase de tramitación varias licencias de construcción cuyo importe había sido abonado al Ayuntamiento por parte de los promotores. El Gobierno local bipartito solicitó a la Xunta, entonces de idénticos colores políticos, que aprobase unas normas provisionales de urbanismo para el municipio. La resolución de la cartera de la socialista María José Caride resultó en la «suspensión automática de licencias» y en unas nuevas directrices mucho más restrictivas.

¿Qué hacer entonces con las licencias en fase de tramitación? La Junta de Gobierno lo tuvo claro: declarar, a fecha 22 de septiembre de 2006, aprobadas por silencio administrativo positivo las cinco licencias solicitadas. Los informes técnicos y jurídicos negativos no les importaron, sino que tuvieron en cuenta el informe favorable de Cortón Muinelo, que la juez considera «sin motivación suficiente y con infracción de la normativa urbanística vigente», además de que «falta a la verdad en elementos esenciales».

Las reacciones al auto emitido este 1 de septiembre no se hicieron esperar. El secretario general de los populares lucenses, José Manuel Balseiro,exigió que el PSOE pida la dimisión de la alcaldesa y la edil por estos «presuntos delitos de grave índole penal». Si el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mantiene el «criterio asentado» que fijó al tomar posesión de su cargo, no solo debería exigir que renuncien a su cargo, sino también expulsarlas del partido en caso de que se sienten en el banquillo.

Esta decisión judicial guarda relación con las licencias urbanísticas otorgadas por silencio administrativo entre los años 2006 y 2008 por el Gobierno local viveirense.