Las cesiones de la empresa dejan sin excusa a los sindicatos en la huelga

El colectivo que agrupa a los empresarios del casco histórico, Lugo Monumental, señalaba en una «carta abierta» al Ayuntamiento, a los trabajadores de la concesionaria y a la propia empresa Urbaser, que los días de huelga transcurridos «colman la paciencia de cualquiera» , además de provocar «importantes pérdidas económicas» en sus negocios.

«La ciudadanía está harta y los empresarios cansados de ser rehenes de un conflicto privado que les ha causado pérdidas económicas que superan con mucho lo reclamado y de no saber qué hacer en esta situación», señaló el alcalde, el socialista Xosé López Orozco.

Puesto a prueba el aguante de vecinos, empresarios y hasta el gobierno local, ante una situación insostenible, ayer le tocaba mover ficha al comité de empresa, tras las cesiones en asuntos a priori irrenunciables, que Urbaser ponía sobre la mesa el pasado jueves.

Una oportunidad perdida, la de los negociadores sindicales, de dar carpetazo al conflicto al que hace una semana ponían precio. Unos 600 euros, los que la empresa abonó en concepto de compensación económica en 2013 terminaron por bloquear un principio de acuerdo que los presentes daban por hecho.

El portavoz del comité, Julio Pacio (UGT), decidió en el último momento condicionar la firma a la consolidación del citado importe en el convenio, extremo en el que se encontró de frente a Urbaser. Con nóminas que oscilan en torno a los 1.600 euros el que menos cobra, 31 días de vacaciones, nueve de asuntos propios y quince pagas, era una licencia cuanto menos desaconsejable.

Así, la plantilla de Urbaser en Lugo cuenta con el mejor convenio colectivo de las ciudades gallegas en las que el servicio de limpieza corre a cargo de Urbaser. Sirva de ejemplo que un peón de la concesionaria llega a cobrar unos 4.000 euros más que un funcionario de su mismo rango en el Ayuntamiento (21.200 euros anuales frente a 17.011). Por tanto, la municipalización del servicio que pidieron los huelguistas no les sale a cuenta. Llegados a este punto, el Ayuntamiento ya ha iniciado el procedimiento para rescatar la concesión administrativa y ha aprobado una sanción de 30.000 euros a la empresa, la máxima cuantía que permite la ley en este tipo de casos.

Con lo que no salían mal parados los trabajadores era con las condiciones del nuevo convenio colectivo que a fecha del pasado 3 de julio estaban sobre la mesa. El IPC real, la readmisión de los once despedidos (todo el comité de empresa) y la retirada de las 66 sanciones a otros tantos trabajadores por incumplir los servicios mínimos. Esto es lo que solicitaban los representantes sindicales, ni más ni menos que lo que les ofreció la empresa. Eso sí, con la salvedad de no incluir los 600 euros en los que se empecinó Pacio, según las fuentes consultadas.

Un incremento salarial equivalente al IPC, para los próximos tres años, que en Santiago y Ferrol se rebajó al 45 por ciento; mientras que en el centro de trabajo de Vilalba (Lugo) se aplicó una reducción salarial.

Ayer, cuando se cumplía un mes del inicio de la huelga, en el que se han recogido más de 2.000 toneladas de basura, los representantes de los trabajadores y la empresa concesionaria volvían a compartir mesa. Una reunión, convocada por el mediador designado por el Consello Galego de Relacións Laborais, a la que los directivos de Urbaser asistían con el firme propósito de salir con un acuerdo. Las negociaciones finalmente se aplazaron hasta hoy. Ambas partes tienen hasta las 13 horas de hoy para tomar una decisión sobre la propuesta del mediador, aprobada ya por los trabajadores en asamblea.