Baltar Pumar asume que firmó los 104 contratos: «Nunca dije lo contrario»

Frente al «tengo que reconocer aquí que desconozco la ordenanza que firmé en 2004 para las contrataciones en la Diputación», de su declaración el primer día del juicio en relación a la necesidad o no de publicitar las altas laborales, el expresidente demostró recordarla al dedillo en cuanto a su «potestad» de contratar.

Si bien, más allá de dirimir quién formalizó las contrataciones, extremo que queda claro con la firma de los decretos, el caso se centra en determinar el porqué de que no se publicitasen . De las declaraciones de los responsables de servicio este martes se desprende que la necesidad de personal era de «carácter estructural y previsible» y en ningún caso «urgente». La que es la principal línea de defensa del expolítico del PP quedaba desacreditada con la declaración del jefe de Personal, en quien Baltar descargó toda responsabilidad, pese a que ayer matizó. Dijo que era éste, José Luis Suárez, quien de acuerdo con los jefes de departamento «adjudicaban su selección de candidatos a cada servicio».

En su declaración del lunes en calidad de acusado, por un presunto delito de prevaricación derivado de la adjudicación a dedo de las plazas objeto de la investigación, Baltar había afirmado que «la ordenanza de contratación da al presidente la misión de revisar los currículos y seleccionar a las personas que se iban a contratar». «El nombre concreto para cada puesto lo elegían ellos, era decisión de ambos, del jefe de Personal y del jefe de cada servicio», había agregado. Los técnicos le atribuyeron a él esa selección concreta para cada puesto .

Difiere no obstante su intervención de la de los técnicos en la calificación de las altas, puesto que, si bien es cierto que estos formalizaron la solicitud a principios de año —que es cuando las arcas provinciales cuenta con fondos—, en su mayoría disintieron de su tramitación por la vía de urgencia.

Solo una acuciante necesidad de personal podría justificar la celeridad en el proceso de contratación y con ello que se saltasen, como algo excepcional, los cauces legales que apuntan a la obligación de una convocatoria pública de empleo. No siendo así, tras haber reconocido el propio jefe de Personal y el Interventor que le avisaron de la irregularidad, Baltar se queda sin argumentos. Según expuso, «nadie le advirtió de la ilegalidad de los contratos». «Yo estaba convencido de que las cosas se hicieron bien», señaló.

A su salida del Pazo de Xustiza, el exbarón orensano insistió en que «aquí hay un defecto de forma y nada más, el resto discurre como tiene que discurrir». «Ya reconocí que aquí lo que falló fue la publicidad de los contratos, nada más», afirmó, para agregar que «si la juez encuentra que hay un problema, entonces tendrá que dictar una sentencia justa».

Varios fueron los testigos que este lunes desfilaron por la Audiencia Provincial de Orense. Entre ellos la edil del PP en O Carballiño Monserrat Caride. La concejala detalló que desde 2003 pasó varios procesos de selección para trabajar como técnica de Igualdad, pero no en 2010 —fecha en la que se formalizaron los supuestos enchufes—.

Durante la vista salió a relucir la visita de ésta al despacho de abogados que asiste a Baltar, al que, según explicó la concejala, únicamente acudió para informarse. Dijo que lo conocía por ver su nombre en los medios.

Otro punto polémico fue la ausencia de varios testigos, a raíz de la llamada a Ana Isabel B. que, según la juez, «no existe». Tampoco compareció Lorena C., que sí prestó declaración en el proceso de instrucción. Se suman éstas a los cinco que no acudieron en la jornada previa, a los que el fiscal instó a su localización. En su intervención dijo que «el problema está en los órganos jurisdiccionales a los que corresponde este trámite». Por su parte, la magistrada, que restó importancia a que los testigos dieran como dirección la correspondiente a la institución provincial, ya anunció que volverá a citarles.

La queja llegaba de manos del abogado del PSOE, que se presenta en la causa como acusación particular. José Arcos dijo en la sesión que planteará una protesta, porque ve «indicios objetivos» de falta de colaboración de la Diputación con la Justicia. «No podemos permitir que no colabore quien debe y tiene obligación de hacerlo», denunció.