El exbarón orensano del PP descarga la responsabilidad en el jefe de personal

«Yo estaba convencido de que las cosas se hicieron bien», aseguró Baltar Pumar durante la hora que duró su declaración ante la juez de lo Penal de Orense. Según dijo, nadie le advirtió de la ilegalidad de los contratos por falta de convocatoria pública. Así, alegó que, de saberlo, «no habría tenido ningún inconveniente en hacerlo». Es más, apuntó a que los tres días de plazo que exigía la ordenanza para publicar la convocatoria compensarían «al haber evitado vernos en este lío».

«Los diferentes servicios no tenían contrataciones desde hacía seis meses y se habían quedado sin 120 trabajadores, así que me pedían con insistencia que hiciese contratos», justificó, para reprochar al jefe de Personal y a los técnicos que no le hubiesen advertido. «Tengo que reconocer aquí que desconozco la ordenanza que firmé en 2004 para las contrataciones en la Diputación», añadió.

Contraria fue la declaración en calidad de testigo del jefe de personal, en quien Baltar descargó de una forma un tanto ambigua la irregularidad de los contratos. Así, si por un lado expuso que la publicación era responsabilidad de los altos funcionarios de la institución, haciendo especial referencia al titular de recursos humanos; por otro, los excusó advirtiendo que «a ellos también se les coló».

Su desintonía con respecto a la declaración del secretario general de la Diputación de Orense, Francisco Cacharro, no llamó la atención de los presentes, pues ya durante la instrucción había atribuído a una «decisión política» la urgencia de las contrataciones.

Y si Baltar había asegurado durante esta primera jornada del juicio —se extenderá, según el calendario previsto, hasta el próximo viernes— no tener constancia de reparo alguno por parte de la Secretaría e Intervención municipal, Cacharro Gosende recordó que este extremo no es del todo cierto.

El secretario, primero en declarar tras Baltar, coincidió con el expolítico en apuntar al jefe de Personal como responsable de los contratos, aunque con matices que vienen a confirmar la posterior declaración de José Luis Suárez. Según su versión, el responsable de recursos humanos sí especificó que había que hacer procedimiento ordinario, «pero me dijo que corría prisa». No igual al eximir a los altos funcionarios y dejar en evidencia al que durante más de dos décadas ocupó el sillón presidencial en la institución provincial. Así, relató cómo a finales de enero de 2010 el interventor le trasladó su preocupación por «el alto gasto» de personal en ese mes, con el consiguiente coste económico que supondría para el ente provincial. Cacharro reconoció que los técnicos advirtieron de la «carencia de convocatoria pública» en las contrataciones efectuadas durante ese periodo, que va de enero a marzo de 2010. Palabras que suscribió el interventor, José María Baños, en su declaración de este lunes.

El secretario, quien no obstante cree que la decisión de no dar publicidad a las contrataciones era del propio Baltar , manifestó que a raíz de la denuncia del PSOE la Diputación optó por crear «un marco legal de garantía que no hiciese albergar dudas sobre la limpieza de las contrataciones». Lo hacía en respuesta a la Fiscalía, interpelado sobre esa «leyenda negra» del ente de realizar contrataciones sin publicitarlas. En relación al expresidente señaló que «era un hombre que podría llegar a firmar cada día del orden de «500 a 700 decretos», y recalcó que ni sindicatos ni técnicos advirtieron de la existencia de posibles irregularidades.

Llegado el turno del jefe de Personal, al que ambos señalaron como responsable, desmintió al expolítico popular. Según apuntó en la Audiencia, sí advirtió a Baltar de que el sistema elegido era «ilegal». José Luis Suárez dijo que fue el expresidente quien decidió a quién se contrataba y para qué puestos.

La vista se retomará hoy con la declaración de otros funcionarios y supuestos enchufados —más de medio centenar de testigos en total— a los que no dio tiempo a dejar pasar en la jornada de ayer, donde la expectación fue tal que tuvieron que colocar vallas para delimitar el pasillo de entrada el edificio judicial. Baltar jugó al despiste al llegar con una hora de antelación.

Las contrataciones por las que Baltar Pumar ha sido objeto de este proceso judicial se remontan a 2010, en fechas previas a la celebración de un polémico congreso provincial del Partido Popular en el que el hijo del veterano dirigente, Manuel Baltar, se hizo con la presidencia. No fue hasta enero de 2013 cuando el fiscal jefe de Orense, Florentino Delgado, dio validez a la una denuncia del PSOE de dos años antes y presentó una querella contra el expresidente de la institución provincial.