El secretario de Arzúa se inhibió en la concesión de la piscina a Aquagest

Desde entonces, De Lara investiga las licencias otorgadas a esta empresa durante el mandato del anterior alcalde, también del Bloque aunque apartado del cargo en 2011 por desavenencias con la Justicia y con su formación, Xaquín García. La primera se trata de la concesión en 2004 y por un período de 20 años del servicio de abastecimiento de agua y, la segunda, la relativa a la gestión de la piscina municipal climatizada, adjudicada en 2009 para los próximos ocho años. Las dos, tal y como en su día avanzó ABC y según confirman los informes de Vigilancia Aduanera incluidos en el sumario de la «Pokemon», sin concurso público.

Las sospechas se centran precisamente en este punto, pero a los agentes tampoco se les escapan las relaciones mantenidas entre familiares de trabajadores del propio concello con la concesionaria. Tanto el esposo de la interventora como el hijo de García son empleados de la empresa. Este último empezó a trabajar allí en 2009. Unos meses antes, su padre «invita sin concurso a Aquagest a la ejecución de un contrato para la gestión de la piscina municipal», apuntan todos los documentos rubricados por Aduanas. He aquí la presunta irregularidad.

En 2007, la empresa Metoseyco se hace con la gestión de la piscina, pero un año después se rescinde dicho contrato de mutuo acuerdo, por lo que el ayuntamiento resuelve en Junta de Gobierno «asumir provisional y directamente la prestación del servicio durante el tiempo necesario para completar los trámites de un nuevo procedimiento de adjudicación de la concesión».

Así se extrae del acta de esa reunión, a la que ha tenido acceso ABC, y también del sumario de la operación. Pero el entonces alcalde, lejos de convocar la preceptiva concurrencia pública, adjudicó directamente el servicio a Aquagest en mayo de 2009, alegando que era la segunda mejor valorada en la convocatoria anterior y apoyándose en varios informes. En concreto, el de la interventora y el de un abogado, según Aduanas.

Estos datos, sin embargo, contrastan con los manejados por el propio García, que hace escasos días defendía en un periódico la legalidad de los dos contratos investigados y ponía el acento sobre un informe redactado por el secretario municipal, «que fue el punto de partida para el proceso de adjudicación de la piscina», asegura. De dicho documento, y según las fuentes consultadas por este medio, «nada» se sabía hasta las declaraciones del exalcalde. ABC ha tenido acceso a él.

Se trata de un informe sin registrar, fechado a 3 de abril de 2009, en el que el secretario se inhibe a la hora de aportar una resolución clara sobre qué hacer con la posible concesión de la piscina a Aquagest que quería sellar el entonces regidor. «Cabe entender que no habría impedimento legal para adjudicar el contrato de gestión de la piscina climatizada a favor de la sociedad que presentó la segunda mejor oferta», sostiene, si bien inmediatamente después matiza: «Ahora bien, como durante el tiempo transcurrido desde la resolución del contrato, el Concello viene prestando el servicio de forma directa, habría que tener claro si durante ese período de tiempo se rompió o no el nexo contractual por motivo de la asunción directa del servicio». Un vínculo que las fuentes consultadas consideran que estaba más que roto. El secretario, por tanto, no advierte de la supuesta ilegalidad que se estaba cometiendo e insta al alcalde a «recabar también la opinión de otro servicio jurídico», desligándose así de complicaciones futuras.

A la redacción de ese informe se sucedió poco después en el tiempo un hecho que levantó las sospechas de parte de la oposición, singularmente del PP. Aún con García al frente del consistorio arzuano se llevó a cabo una pavimentación y humanización de la urbanización O Cubelo, constituida por dos calles que no figuran en el inventario municipal, tal y como aseguraron el año pasado los populares en una moción y echando mano de un certificado expedido por el propio secretario.

Sea una mera casualidad o no, resulta que éste último es propietario de dos parcelas en dicha urbanización y que, según apuntan fuentes conocedoras de lo ocurrido, la obra no fue costeada por los vecinos de la zona. Tampoco había partida presupuestaria alguna que contemplase las actuaciones. ¿Cómo se sufragó entonces? El PP ya deslizó en su día una posible razón: «Todo apunta a que estas obras obedecieron a actuaciones de precampaña electoral», pues se acometieron en 2010, un año antes de las municipales.

T odas estas presuntas irregularidades fueron enviadas a la juez , la misma que la semana pasada, a raíz de unas denuncias recibidas, emitía una providencia autorizando a la Guardia Civil a llevar «personalmente» la investigación «trasladándose si fuera preciso al ayuntamiento». Lejos de desaparecer, las sospechas sobre el concello de Arzúa durante la etapa del nacionalista Xaquín García van en aumento con el paso de los meses.