De Lara imputa al primer teniente de alcalde de La Coruña y a un edil del PSdeG

Este jueves funcionarios judiciales se han desplazado hasta el Ayuntamiento herculino para comunicar a siete de los imputados la diligencia por la que deberán prestar declaración, algo que se celebrará después del día de Reyes.

Además de un asesor de Flores, en la lista de imputados figuran también una asesora de la Concejalía de Cultura, la jefa de Contratación, dos trabajadoras del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) —entre ellas su administradora—, y el exjefe de asuntos económicos del área de Deportes. A esta lista se suma la directora de los Museos Científicos Coruñeses, Mónica Iglesias y el director del Aquarium Finisterrae, Francisco José Franco .

En unos casos, la diligencia remitida por el juzgado la firmaron personalmente en el propio Ayuntamiento, mientras que en otros la notificación se les ha hecho llegar a su casa. Desde el grupo de gobierno no han confirmado oficialmente las imputaciones .

Así, en declaraciones a los periodistas, el concejal de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, aseguró que no podía «confirmar nombres». «No los tengo, es un tema personal», ha manifestado antes de que transcendiera la relación de imputados. No obstante, ha admitido que creía que «efectivamente» se estaban produciendo «acciones de este tipo» , al ser preguntado si habían tenido lugar las primeras imputaciones en el Ayuntamiento de A Coruña.

El edil ha apelado también a la necesidad de ser «especialmente prudentes», aunque ha vuelto a trasladar la «máxima colaboración» con la Justicia por parte del Ayuntamiento. El pasado 3 de diciembre, funcionarios de Aduanas registraron, por segunda vez, el Consistorio, recabando información de ordenadores de funcionarios y de los concejales Julio Flores (PP) y José Nogueira (PSOE). En el marco de esta operación, se llevaron, entre otros documentos, contratos de servicio de mantenimiento del Aquarium, adjudicado a una de las filiales del grupo Vendex.

Con las nuevas imputaciones en A Coruña, la «operación Pokemon» ya llega al centenar de implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años. En el epicentro se sitúan las empresas del grupo Vendex , aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra ramas de esta investigación, entre otras empresas.