«Dependemos de la denuncia, una correcta educación de la gente sería muy importante»

—Hace diez días se inauguró el año judicial. ¿Cuáles son las perspectivas de la fiscalía para este ejercicio?

—Este año judicial es una buena oportunidad para hacer propuestas en relación con la situación actual de la justicia, un horizonte donde hay grandes propuestas de modificación legislativa. Tenemos ahí, por ejemplo, la propuesta, sobre todo, del nuevo código de proceso penal, donde se trata de determinar la posibilidad de que sea el Ministerio Fiscal quien lleve la investigación de las causas penales. Esto está ya en fase de anteproyecto de ley, cuando pase al Congreso se podrá aprobar este nuevo cambio de modelo. Otra cuestión importante es todo lo relativo a los tribunales de instancia, la modificación de los partidos judiciales... Todos estos son los retos de futuro de la Fiscalía, que supondrán una gran modificación en el panorama de la justicia española.

—Comentaba en su discurso de apertura del año judicial que la criminalidad en Galicia está aumentando, en parte, de la mano de bandas organizadas. ¿Qué impacto real puede tener en nuestra comunidad este tipo de actuaciones?

—Yo me refería a la llamada criminalidad itinerante, que sabemos que la ejercen bandas integradas por personas de la Europa del Este que, esporádicamente, entran en Galicia, dan un golpe y desaparecen. Es una criminalidad itinerante, compleja y sofisticada. Muchas veces, aunque se consiga detener a estos delincuentes, los bienes de los que se apropiaron ya están en manos de otra banda, con lo cual es muy difícil sorprenderlos con los frutos de su delito. Son bandas que actúan por toda Europa, esporádicamente también en Galicia, sobre todo en ámbitos rurales y periurbanos. Disponen de información y actúan en base a ella.

—¿Su peligrosidad, entonces, viene dada por su formación?

—En efecto. En su mayoría son gente que pertenecía a los antiguos ejércitos de la Europa del Este, con formación militar.

—¿Cómo se puede luchar desde Galicia para evitar los asaltos de este tipo de bandas?

—Las Fuerzas de Seguridad del Estado están muy atentas a este tipo de criminalidad, aunque, por su carácter complejo, es muy complicado detener a miembros de estas bandas con pruebas suficientes como para ser llevados a juicio y ser condenados. Esto obliga a repensar las formas de actuación por parte de la Policía Judicial, para implantar nuevos métodos que sean más eficaces a la hora de combatir esta criminalidad.

—También denunciaba recientemente el incremento de los robos de metales no preciosos. ¿En qué medida puede poner esto en riesgo la seguridad de los gallegos?

—Estos robos se vienen produciendo, sobre todo, desde el año 2006, cuando estos productos, sobre todo el cobre, alcanzaron grandes precios en el mercado internacional. Hay una coexistencia entre el delito de oportunidad, llevado a cabo por personas que viven en los márgenes de la legalidad; y el llevado a cabo por bandas organizadas, con procedimientos más sofisticados y que generan nichos de mercado criminales con carácter transnacional. Ya se han dado casos de pueblos que se quedan sin suministro eléctrico a raíz de las sustracciones de cobre. Son actuaciones que se están dando con una cierta asiduidad. El principal material al que afecta es al cobre, aunque también se han visto robos de campanas para fundirlas y poder vender el bronce.

—Uno de los temas que más ocupan las primeras planas de los medios, mes sí y mes también, es la corrupción. Hay un número cada vez mayor de cargos públicos imputados por este tipo de actuaciones. ¿Cómo afecta todo esto a la confianza de los gallegos en sus representantes?

—Evidentemente, una de las causas de la desafección de la ciudadanía con la clase gobernante viene motivada por los recurrentes episodios de corrupción que se están produciendo. Las administraciones locales y provinciales son las más afectadas. Es necesario cuanto antes tener un sistema judicial capaz y resuelto, que sea capaz de combatir los casos de corrupción en un tiempo no demasiado demorado, relativamente ágil desde un punto de vista procesal. También apuesto, que me parece muy importante, por los mecanismos de prevención. Hay documentos internacionales, como la Convención Internacional de Mérida (México), que insta a los Estados miembros a que tomen medidas para la prevención de prácticas corruptas. Estamos en un sistema dependiente de la denuncia como modo de información, por lo que una correcta educación de la gente también sería muy importante. Existe un cierto nivel de tolerancia social hacia algunas prácticas corruptas como el amiguismo, el enchufismo o el clientelismo, aunque la mayor parte de la gente asume como prácticas corruptas las que están sancionadas penalmente.

—¿Cómo se puede conseguir que sean los políticos, beneficiarios —entre comillas— de esta corrupción, los que le pongan coto?

—Creo que es fundamental que la clase política perciba que, según las encuestas del CIS, la población sitúa la corrupción como el segundo mayor problema de España, detrás del paro. Si no se reacciona oportunamente, la desafección hacia la clase política será cada vez mayor. Hay que actuar para evitar que esto pase factura a las instituciones y a quien las gobierna. Por otra parte, el Índice de Percepción de la Corrupción que publica cada año Transparencia Internacional [en el que los ciudadanos valoran a su país según cuán corrupto creen que es], España lleva desde 2004 cayendo puestos. Pasó del puesto 23 al 30, y no podemos descartar que vaya a caer más.

—Los casos de corrupción se caracterizan por un elevadísimo número de imputaciones. ¿Cuántas posibilidades hay de que buena parte de éstas se traduzcan en condenas?

—En estos casos, una imputación significa que hay sospechas de que un cargo público electo pueda haber cometido alguna irregularidad. A medida que se confirmen estas sospechas se pasará a las siguientes fases del proceso, la formulación de un escrito de acusación de la Fiscalía y que el tribunal valore si hay evidencias suficientes para ser condenado.

—¿Galicia es una Comunidad segura?

—Yo creo que sí, que es una Comunidad muy segura, los registros de criminalidad que hay aquí están descendiendo, aunque hay determinadas figuras que crecieron un poco, las relacionadas con la delincuencia violenta y grave. Aunque en términos porcentuales puedan parecer alarmantes, computando los casos concretos no lo son. Los asesinatos crecieron un 200%, pero es que pasaron de dos a seis.

—Lleva usted como primer fiscal de Galicia desde 2004, bajo Gobiernos autonómicos y estatales de diverso signo político. ¿Cómo lo consigue?

—Fundamentalmente es que soy un profesional de la Fiscalía. Actuando en base a criterios profesionales es perfectamente posible mantenerse.