Galicia y País Vasco exigen «menos multas y más ayuda y financiación»

«Más financiación y ayuda, frente a las multas», recetó Urkullu en un claro mensaje enviado al comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ante la incertidumbre generada por el socialista, cuyos tumbos al respecto de una más que posible devolución de las ayudas del tax lease mantiene sobre la cuerda floja al sector naval y toca de cerca a ambas comunidades. Una decisión que, tal y como alertan astilleros, trabajadores, sindicatos y gobierno central y autonómicos, supondría un golpe de muerte a esta industria. Más de 2.500 millones de euros que, pesen sobre quien pesen (según Bruselas sobre financiadores e inversores) tendría un efecto negativo en materia de seguridad jurídica y por tanto reflejo directo en la huida de los armadores hacía otros países.

En un escenario nada halagüeño para el sector naval que se juega todo a una sola carta, el encuentro previsto en Bruselas este jueves se presenta decisivo . A él acudirán representantes de las comunidades más afectadas -Galicia, Asturias y País Vasco- junto al ministro de Industria, José Manuel Soria, que irá cargado de argumentos jurídicos. Pero no será el único, el presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, lleva preparando junto a su equipo una batería de razones jurídicas, económicas y sociales que le será difícil refutar a la Comisión Europea.

Se basará en que las condenas deben llegar por no cumplir las leyes y no al revés. Según defienden desde la Administración gallega, «la Comunidad cumplió todas las normativas vigentes en el Estado español y en la UE», y sus astilleros y trabajadores actuaron de buena fe». En este contexto, no admite discusión que la jurisprudencia administrativa que fue válida para la industria francesa hace dos años lo sea en este caso. Y, a ello se une el escrito de la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, «avalando en una misiva el sistema del tax lease» , en el que se certifica que «no era discriminatorio», de manera que se da luz verde a las actuaciones del Gobierno español y los astilleros gallegos.

Desde la Comunidad gallega se hará hincapié en los miles de puestos de trabajo que dependen del sector naval, que volarían por los aires de imponerse la devolución de ayudas , así como nuevos contratos por valor de 2.000 millones que se encuentran en estos momentos en negociación . Respecto a los principios económicos, se abordará cómo la industria naval supone el pilar fundamental del tejido productivo de diversas comarcas gallegas para no condenarlas a la desintegración industrial.