García Lalinde: «Las preferentes no las autoriza la Xunta»

García Lalinde se desvinculó del argumentario del compareciente anterior, el exconselleiro de Economía y Facenda José Ramón Fernández Antonio con el bipartito, quien aseguró que los balances de 2008 mostraban «coeficientes de solvencia superiores a los exigidos». Sin embargo, el exdirector general afirmó que «es posible que los balances» de las cajas «no tuvieran en cuenta determinados riesgos latentes».

Preferentes y Banco de España

En lo que respecta a la comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por parte de las antiguas cajas de ahorro, el exdirector general opinó que fue «incorrecta» , si bien puntualizó que «las preferentes no las autoriza la Xunta» y que se podía colocar este tipo de productos de riesgo al cliente minorista, solo que se hizo de manera «indebida». Si bien matizó que en la Consellería «había seguimiento mensual, trimestral y anual de los datos» de la gestión de las cajas, el trabajo al pormenor le correspondía al Banco de España: era «lo racional» , afirmó.

El banco estuvo presente en cada una de las comparecencias, p ues todos los ponientes coincidieron en su falta de supervisión . Tras indicar que este es el que tiene los medios para realizar las labores de inspección previas de cualquier medida ejecutiva para salvaguardar la solvencia de las entidades de crédito, Fernández Antonio incidió en que el regulador bancario no le expresó ninguna «preocupación» .

En este mismo extremo se manifestó el profesor universitario de Economía Aplicada de la Complutense de Madrid y exdirectivo de Caja Madrid, Ángel Vilariño Sanz, que constató que el Banco de España había hecho una «supervisión forense y no preventiva».

Por su parte, quien también habló de preferentes fue el exdirector general de Política Financiera de la Xunta José Álvarez Cobelas , que ocupó el cargo entre los años 1997 y 2004, con Manuel Fraga al frente del gobierno gallego. Subrayó que el «tema de preferentes no se autorizaron» porque el Gobierno gallego «no tenía competencias en ellas». «El tema de las subordinadas era una autorización administrativa y sí, no recuerdo si autorizamos dos o tres emisiones mientras yo estuve allí», añadió Álvarez Cobelas.