KPMG basaba el éxito de la fusión en la venta de activos según su tasación del año 2009
Puy sugiere al PSdeG que analice el informe de la auditora porque «así se cerrarían bocas»
c. pichel/p.alcalá
Ocho fueron los informes —elaborados por diferentes vías— que avalaron, en distinta medida, la fusión de las extintas cajas de ahorro gallegas (Caixa Galicia y Caixanova), pero desde las filas socialistas se empeñan en poner el punto de atención en uno solo: el encargado ... por la Xunta a la auditora KPMG en 2009 . Un documento que no fue determinante a la hora de llevar a cabo el proceso de unión, dado que el carácter vinculante lo jugaron otros , concretamente los encargados por las cajas a sus propias auditoras: Deloitte y PriceWaterhouse.
En su objetivo por desvincularse de las auditoras oficiales, el Ejecutivo de Feijóo optó entonces por una totalmente independiente a las cajas como KMPG, que en apenas un mes elaboró un documento, que no auditoría, con los únicos datos —en su mayoría previsiones macroeconómicas— que las direcciones de Caixa Galicia y Caixanova le facilitaron. Lejos de conocer los entresijos empresariales, esa «due diligence» recogía los requisitos que tendrían que acometer las cajas para que su fusión fructificase . De este modo, KMPG basaba la viabilidad de su unión en un ajuste en la plantilla del personal y en la venta de activos , conformados en su mayoría por las grandes sedes de las cajas fuera del territorio gallego.
Pero dicha venta se haría según su tasación de 2009, esto es, cuando la denominada «burbuja inmobiliaria» aún no había estallado en un plenitud y, por tanto, con un mercado abierto a la compra. Condiciones que pronto se convirtieron en imposibles y que, a la postre, aceleraron el desplome financiero de Novacaixagalicia.
Una «gran mentira» para Losada
Años después de esta situación, son ahora los cuatro grupos parlamentarios los que tienen acceso al informe de KPMG, el mismo sobre el que pesa, junto a los otros documentos que avalaron la fusión, orden de confidencialidad . No obstante, el portavoz popular en O Hórreo, Pedro Puy, deslizó ayer que, d e «un primer recorrido» por las carpetas se observa que, si bien a lo largo del proceso intervinieron «varias» auditoras, fue el plan de negocio final realizado por las que trabajaban para cada una de las cajas el documento «fundamental» que decantó el inicio de la fusión.
«Eso es lo que realmente es validado no solo por el Parlamento en su votación, sino posteriormente por el Banco de España, el Ministerio de Economía y por Bruselas», puntualizó Puy, que arremetió contra la oposición, en especial contra el PSdeG, por censurar que la información sea reservada. «El grupo socialista puede ver el informe de KPMG en la sala y todo el resto. A partir de ahí sería el momento de hablar de si el informe es el que es, porque probablemente así se cerrarían muchas bocas», espetó el popular.
Le contestaba Puy al portavoz del PSdeG, Abel Losada, que pidió a la Mesa de la Cámara la revocación del carácter reservado de la «due diligence» , un extremo que el socialista cree que responde al interés de la Xunta para ocultar «la gran mentira» de la fusión. Losada, que en esta ocasión ha escogido el informe de KPMG como su particular caballo de batalla , no se refirió a ningún otro, a pesar de que todos ellos jugaron un papel decisivo en el proceso. Solo esbozó otra vez actitud crítica con su compañero de partido, Joaquín Almunia , que se negó a remitir, como también lo hizo el Banco de España , la información correspondiente a la Comisión Europea de la Competencia. Y en el caso del Banco de España, los servicios jurídicos de la Cámara ya están analizando su negativa a colaborar con la comisión.
No menos duro fue el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera , que lamentó que el carácter reservado de la información pueda llegar a complicar el estudio de la documentación que no fue declarada confidencial. Frente a ello, Puy recordó que toda la que no esté sujeta a reserva, «quienes lo deseen pueden acceder a ella y demandar fotocopias», una posibilidad a la que algún diputado ya ha recurrido, explicó.
Deber de no divulgar
Pero ante la confusión y críticas suscitadas por la confidencialidad de los textos, los servicios jurídicos del Parlamento enviaron ayer un escrito a los grupos en el que les recordaron «el deber general» de todo diputado de no divulgar los contenidos reservados, pues de hacerlo, podrían incluso incurrir en un delito de revelación de secretos.
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