El macrocentro comercial de Porto Cabral se le atraganta a Caballero

Asociaciones de comerciantes y sindicatos, pese a que su construcción generaría según las estimaciones realizadas 5.000 puestos de trabajo y su actividad otros 2.000, han puesto el grito en el cielo desde que se comenzara a hablar del proyecto. El interés de Ikea, cuyo desembarco lleva años estirando sin éxito el regidor olívico, o El Corte Inglés por instalarse en el futuro macrocomplejo comercial no ha sido suficiente para acabar con el runrún que desde hace meses sobrevuela al pequeño comercio vigués.

Para argumentar su postura apelan al exceso de oferta comercial en la ciudad. « Su implantación sería un duro golpe para el comercio tradicional y situaría en la cuerda floja cerca de 6.000 puestos de trabajo», aseguran fuentes del sector que no barajan los mismos números que Eurofound.

Por su parte, las cifras que manejan los directivos de la promotora británico son bien distintas, tal y como dejaron caer el manager general de Eurofund, Ian Sandford, y su gerente en España, Salvador Arene, en una visita hace escasas semanas a Galicia. Partiendo de una inversión de 1.300 millones de euros , entre el fondo y la participación económica de las firmas que se asocian al proyecto, las instalaciones de 80 hectáreas no solo ofrecerían un precio muy competitivo para los comerciantes, sino que atraerían a miles de turistas . Una de las señas de identidad de los macrocomplejos a los que pretende simular Porto Cabral son las zonas de ocio. A imagen y semejanza del zaragozano Puerto Venecia y del proyectado en Valencia, en el caso de Vigo se contempla, como parte del proyecto y entre otras dotaciones, un lago navegable y una pista de esquí.

Fueron precisamente estas credenciales las que convencieron de su respaldo a la Xunta, aunque con matices. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, mostró cierta prudencia a la espera de que se concrete el proyecto y sea sometido a los trámites legales.

La última palabra

No obstante, falta por resolver uno de sus escollos más importantes. Si del Concello depende el desarrollo del planeamiento de Liñeiriños y del Gobierno gallego la autorización, extremos ambos que no parece que vayan a suponer problema alguno, son los comuneros de la zona los que tendrán la última palabra. Y a la tercera podría ir la vencida, aunque no será fácil dada la agria polémica que ha generado entre los opositores al denominado «shooping resort» de Liñeiriños.

Los abanderados de la pancarta «O monte no se vende» , de la asociación de afectados por las expropiaciones —apoyados por EU y varios grupos ecologistas—, no darán su brazo a torcer, como evidenciaron este domingo en la segunda asamblea en que se citaban para debatir la venta de los terrenos —300.000 metros cuadrados de montes comunales en la zona de Cabral— y que lograron boicotear de nuevo, con tres detenciones y ocho agentes de la Policía local heridos tras una fuerte disputa en el exterior del Ifevi.

Así es que quienes definen el proyecto como «un pelotazo urbanístico» y ponen el acento en la complicidad del alcalde y del presidente de los comuneros, Luis Rodríguez, para su desarrollo, piden «mayor transparencia, que se abra un plazo para su estudio y que se vote en urna y no, como estaba previsto, a mano alzada y sin tiempo de reacción». En un par de semanas podría volverse a convocar una nueva junta, aunque los colectivos contrarios ya han avisado que estarán al quite.