Una década de impunidad para una trama empresarial gallega
Grupo Estación, dedicado al servicio de grúas de gran tonelaje, acusado de defraudar 6 millones de euros
CRUZ MORCILLO
Casi una década de enmarañada instrucción judicial, catorce imputados, millones de euros defraudados a Hacienda o minorados del patrimonio de empresas, fianzas de casi tres millones de euros que no se depositan, funcionarios imputados y exculpados después (un capitán de la Guardia Civil y un ... exadministrador de Hacienda) y funcionarios inmersos en la investigación a los que les ha costado el puesto (el fiscal del caso ha sido expulsado de la carrera esta misma semana).
Es una pincelada del conocido en Galicia como caso Grupo Estación, una estafa consistente en comprar de manera ficticia miles de litros de gasóleo, neumáticos, o lo que hubiera a mano para obtener facturas falsas. El fraude al Estado solo entre 2002 y 2005 ascendió a 2,82 millones de euros, según el informe del perito judicial entregado a la juez, a los que habría que sumar otros 3,2 millones de compras falsas. Pero la tupida red sigue con su actividad, de manera que es imposible calcular el alcance real de la estafa a día de hoy.
El caso arranca en 2003 cuando Serafín Montenegro, uno de los tres dueños, denuncia a Hacienda que él mismo y sus dos socios en el Grupo Estación con sede en Padrón (La Coruña), su hermano Santiago Montenegro y su amigo Carlos Mosquera llevan años ingresando miles de euros en dinero negro en las cuentas de la empresa. Cuando quiere regularizar la situación los otros dos lo echan de la administración del grupo, que él mismo había levantado invirtiendo sus ganancias tras jugar como portero en Primera División.
El caso recae en Jaime Cabeza Gras, funcionario de la Agencia Tributaria, a quien el denunciante entrega la contabilidad B de la empresa. Para entonces, Serafín Montenegro había creado una firma que fue investigada, así como la tienda de lencería de su esposa, a cuyas clientas se llegó a pedir información sobre los pagos.
En 2004, Montenegro denuncia delitos societarios, fiscales y de estafa en los Juzgados de Padrón. Cuenta que la empresa había declarado unos beneficios en 2003 de 88.100 euros, cuando el año anterior ese saldo fue de 1.318.200 euros. Su hermano y su antiguo socio habían contratado al que había sido (en ese momento aún lo era) administrador de la Agencia Tributaria en Ribeira: Benigno Santos, quien pidió la excedencia y se fue a trabajar para Grupo Estación. «Presumían de que iba a parar todo», declaró Montenegro. Santos sería imputado años después, acusado entre otros delitos de ordenar el borrado de la contabilidad al informático de la empresa, y finalmente exculpado (con las mismas pruebas con las que el informático sigue imputado).
A trompicones el caso pareció morir en el Juzgado número 1 en el que recayó, hasta que en 2008 aterrizó una nueva juez, Berta Vidal, y un nuevo fiscal, Juan Antonio Frago. Ya en sus primeros escritos, el fiscal explicaba que la caja B dio ganancias millonarias a los imputados, que las facturas falsas superaban los dos millones de euros y que se había vaciado la sociedad con una empresa pantalla a nombre de un camarero amigo, tan «buen gestor» que consiguió un 840% de rentabilidad en un año.
La Audiencia de La Coruña censuró en un duro auto fechado en septiembre último el devenir de la instrucción: «Se han obviado principios esenciales del Derecho Penal», concluyó antes de devolver a la juez instructora la pelota, que ahora debe mover ficha.
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