La juez decreta prisión preventiva para Ángel Espadas

Según ha confirmado el fiscal de Lugo, Jesús Álvarez, a Ángel Espadas se le imputan al menos los delitos de utilización de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Había sido detenido este jueves en el marco de la Operación Manga, que deriva de la Pokémon, y en su domicilio se practicó un registro. La declaración de Ángel Espadas ha sido la más extensa, ya que se prolongó durante más de cuatro horas, hasta las 2.45 de este sábado.

Previamente había declarado durante casi cuatro horas Albino Vázquez, pero la jueza había dejado la decisión sobre su situación procesal pendiente de la declaración del exjefe de gabinete de Gerardo Conde Roa, que arrancó en torno a las 22.30 horas, tras un receso de media hora. La instructora ha decidido dejar en libertad bajo fianza de 15.000 euros al edil de Seguridad Ciudadana, un importe al cual el fiscal ha calculado que podrá hacer frente sin problemas porque "tiene un buen patrimonio".

Al edil compostelano se le imputan los mismos delitos que a Espadas, cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, y según fuentes judiciales, ha sido trasladado a la cárcel coruñesa de Teixeiro. Este concejal también fue detenido el jueves y en una propiedad suya ubicada en la parroquia compostelana de Aríns se llevaron a cabo registros. El futuro político de Albino Vázquez depende en buena medida de esta situación procesal decidida por Pilar de Lara.

No obstante, el alcalde de Santiago, Ángel Currás, ya ha firmado este viernes un decreto por el que asume las responsabilidades del edil detenido, es decir, las competencias sobre movilidad, seguridad ciudadana, tráfico y servicio de la grúa y de la ORA. Aparte de en la Operación Pokémon, Ángel Currás también está imputado, junto a Albino Vázquez, por supuestos delitos de prevaricación y acoso moral en relación a la denuncia de un policía local que los acusa de degradarlo en sus funciones y de presiones para hacer desaparecer el atestado policial de cuando Ángel Espadas fue pillado ebrio y dormido al volante. El alcalde ya ha descartado dimitir.

A lo largo del viernes, la jueza ha decretado prisión provisional para el delegado de Aquagest en Santiago de Compostela, José Luis M.R., quien se ha negado a declarar en sede judicial por consejo de sus abogados y está imputado por tráfico de influencias, revelación de secretos y cohecho, entre otros delitos. Ha sido conducido a la prisión lucense de Bonxe. Su abogado defensor ya ha anunciado que el lunes interpondrá un recurso contra el auto de prisión provisional dictado contra José Luis M.R., al considerar "excesiva" la medida cautelar adoptada por la jueza.

Por su parte, la jueza instructora ha dejado en libertad con cargos al asesor cultural y organizador de eventos Jesús F.M., quien prestó declaración durante unas dos horas y media y se le imputa, entre otros delitos, tráfico de influencias. Asimismo, en libertad ha quedado el presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería, Joaquín Fernández Díaz, también con vinculaciones laborales con Aquagest. No obstante, permanece imputado por tráfico de influencias y tendrá que presentarse cada 15 días en el Juzgado de guardia de Avilés. El PP ya ha decidido suspenderlo de inmediato de todas sus funciones en el partido.

La toma de declaraciones proseguirá este sábado con el pase a disposición judicial de los cuatro detenidos en Cataluña: el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona) y presidente del Consell Comarcal de la Selva, Robert Fauria i Danés (CiU); el jefe del departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía de este Consell Comarcal, J.C.F.M.; el apoderado de GRS Arc Local, J.M.F.I.G. y el administrador de esta empresa que presta servicios en ayuntamientos, A.R.V.

La Operación Manga, en la que fueron detenidas nueve personas en Santiago de Compostela, Gerona y Asturias, deriva de la Pokémon, en la que ya hay más de una treintena de imputados y cuyo eje central son supuestas irregularidades en las concesiones de servicios públicos a empresas del grupo Vendex. En esta nueva trama, Pilar de Lara investiga a las empresas Aquagest, de gestión de aguas, y GRS Arc Local, que entre otros servicios ofrece el de gestión de multas.