Gabriela Bravo no ha elaborado el informe jurídico clave para la financiación

A día de hoy ese informe no ha llegado a Presidencia de la Generalitat , tal y como confirmaron a este diario fuentes del Gobierno valenciano. Puig, de hecho, se precipitó al anunciar que llevaría a los tribunales esta cuestión, impelido por la actitud de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra , que es la principal impulsora de la idea.

El caso, es que Puig se lanzó a expresar en público esta cuestión, pese a que la propia Gabriela Bravo comentara hace pocas semanas que sería «una irresponsabilidad» llevar la financiación política al ámbito de los tribunales.

La realidad es que a la vista de esta disensión interna en un tema de tanto calado para la legislatura -es la principal reivindicación y queja del Consell frente al Estado- la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular María José Catalá pidió el pasado 6 de agosto la copia íntegra del citado informe encargado.

Un mes y medio después (25 de septiembre), la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo contestó a la pregunta parlamentaria asegurando que «no se le puede entregar porque el citado informe todavía no se ha concluido» .

Además, precisaba que dicho informe «será entregado a quien lo solicitó, el Molt Honorable President de la Generalitat». Por ello, emplazaba a que si quería un copia del informe «deberá dirigirse a Presidencia para realizar la solicitud».

Casi otro mes después de esta respuesta parlamentaria el informe todavía no ha llegado a la mesa de Ximo Puig, lo que dificulta la presión al Gobierno de Mariano Rajoy que es el verdadero objetivo en estos dos meses que restan hasta el final de la legislatura, ya que el cambio de modelo que solucionaría la infrafinanciación no se podrá abordar hasta 2016.

Bravo aún no ha encontrado con los técnicos el «enganche» jurídico que pueda plantear este contencioso-administrativo con el Estado para blindar una mejora de la financiación en la región.

Como ella misma reconoció este pasado verano es más una discusión «política» que tiene difícil solución en el ámbito judicial y cuyos precedentes en Andalucía, Asturias y Cataluña han sido siempre desestimados por los tribunales.