Procesan al exjefe de Seguridad de la Generalitat por el caso del «topo»

El juez ha concluido que el exresponsable de Seguridad habría presionado al asesor del exvicepresidente José Císcar para que delatara a la persona que supuestamente estaba filtrando la información, y ve indicios de que Piqueras pudo cometer un delito de trato degradante o alternativamente de coacciones.

El auto de incoación de procedimiento abreviado dictado por el juez, facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, da por concluida la instrucción y deja la causa preparada para juicio.

Según el auto, existen indicios de que el imputado condujo al asesor de prensa del entonces vicepresidente del Consell hasta su despacho, en las dependencias de la Policía autonómica, y le interrogó sobre el autor de las supuestas filtraciones.

Durante el interrogatorio, "le insinuó disponer de información que le implicaba y le presionó para que colaborara a cambio de no pasar la noche en los calabozos, de conservar el trabajo y de no remitir al juzgado las evidencias que supuestamente le implicaban".

En la resolución, el magistrado rechaza la petición de archivo solicitada por la defensa por entender que la instrucción no ha puesto de relieve "clara y significativamente" datos que permitan considerar que la versión de la víctima "resulte imposible, falsa o que por incoherencias y contradicciones evidentes con otros hechos de corroboración circunstancial, adolezca de incredibilidad".

Por este motivo, el juez resuelve que "debe ser en juicio donde se valore toda la prueba conducente al esclarecimiento último de los hechos".

El auto de procedimiento abreviado pone fin a la instrucción y supone dar traslado al fiscal y a las acusaciones para que digan si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.

En el supuesto de que entiendan que debe celebrarse juicio, tendrán que presentar los correspondientes escritos de acusación y de defensa.

En su momento, el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, reconoció unos "posibles" interrogatorios policiales a empleados públicos denunciados en octubre de 2014 por los medios de comunicación, y decidió ordenar una "investigación interna para dirimir posibles responsabilidades".

Según apuntó, esos interrogatorios del exjefe de Seguridad del Palau -que fue expedientado y apartado a otras funciones- a un asesor de Vicepresidencia tuvieron lugar el 22 y 23 de julio del año pasado.

Piqueras fue trasladado a la Comisaría de Pont de Fusta como adscrito al jefe de la Unidad de la Policía de la Generalitat, con la función de coordinador operativo en las tres provincias, por la que percibe las mismas retribuciones que antes de ser designado jefe de seguridad.

El expediente a Piqueras concluyó que existen coincidencias pero también discrepancias respecto a lo sucedido en esas entrevistas, en el sentido de que el policía dice que transcurrieron con normalidad y el asesor, "lo contrario".

La investigación interna relativa a la búsqueda del supuesto "topo del Palau" concluyó que "no hay pruebas para determinar el autor o autores de la entrega" de esta documentación a los medios de comunicación.