Un juez imputa a la alcaldesa de Torrent y a ocho concejales

Junto a Folgado, el resto de imputados en este procedimiento son el concejal de Deportes, Enrique Carratalà, y sus compañeros de la junta de Gobierno Local: José Francisco Gozalvo; Pilar Vilanova; José Santiago Miquel Soriano; Modesto Salvador Muñoz; María Luisa Martínez; Jorge Planells y Mari Carmen Benavent.

La alcaldesa, quien sucedió en el cargo hace aproximadamente tres años a María José Català -actual portavoz del Consell y consellera de Cultura y Educació--, tendrá que acudir al juzgado a declarar como imputada el próximo 26 de enero de 2015 a las 9.30 horas, día en que también están citados otros ediles. Las declaraciones se extenderán a los días 27 y 28.

El consistorio adjudicó en julio de 2004 a una mercantil la gestión de Parc Central, y en los pliegos se establecía que la misma debía pagar un canon anual por este servicio, y que tenía que prestar sus instalaciones --en un porcentaje de tiempo-- a los clubes deportivos municipales para que pudieran entrenar.

Asimismo, se establecía en dichos pliegos que el Ayuntamiento tenía derecho a vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podría inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación relacionada con el objeto de la concesión.

Los problemas se originaron cuando la gestora dejó de pagar el canon fijado en el año 2013, que ascendía a 240.000 euros, y actuó de la misma forma el año siguiente. Como consecuencia, adeudaba al ayuntamiento 480.000 euros.

Junto a estos impagos, el consistorio comenzó a observar algunas irregularidades en la gestión y en las instalaciones, que necesitaban obras por importe de unos 800.000 euros --tal y como estableció el organismo público en su momento-- e impuso a la mercantil diversas sanciones graves.

Una de ellas, por ejemplo, fue porque la empresa modificó las instalaciones, anulando vías de evacuación y salidas de los usuarios que se consideraban preceptivas para la evacuación del edificio en caso de emergencia. En concreto, tal y como notificó en junio de este año el ayuntamiento, se había anulado una de las salidas de las gradas de la piscina y se había ocupado dicho vestíbulo con máquinas de fitness. También se había cerrado la escalera en esa misma planta y se había anulado la salida del edificio, situada en planta baja.