La Generalitat ordena la jubilación forzosa de 600 empleados sanitarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) ya ganó una sentencia en la que el TSJ falló a favor de reincorporar a su puesto de trabajo a una trabajadora hospitalaria. Conselleria la obligaba a jubilarse. El sindicato recurrió y pidió, hasta emitirse la sentencia definitiva, la suspensión cautelar de esa jubilación. El TSJ aceptó el recurso del sindicato y destacó la falta de fundamento de ese retiro forzoso, máxime cuando informes del propio servicio de prevención de riesgos laborales defendían la continuidad en el trabajo.

CSI•F ha interpuesto ahora un recurso que, en la práctica, plantea la extensión de esa medida cautelar de suspensión de la jubilación forzosa a todos los empleados públicos que se encuentran en la misma situación. El contencioso afecta tanto a la Orden 2/2013 de 7 de junio de Conselleria de Sanidad por la que se regula el procedimiento para la jubilación forzosa como al propio Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que también lo contempla.

El sindicato alega que la nueva normativa no puede tener efectos retroactivos desfavorables. Es decir, si Conselleria concedió una prórroga laboral a estos trabajadores que superan los 65 años no puede ahora anularla con una orden posterior.

El recurso argumenta que Sanidad “ocasiona un grave perjuicio a los interesados porque les priva a su derecho a continuar con la prórroga en el servicio activo cuando no hay razón para ello. Todo el personal ha pasado por el servicio de prevención de riesgos laborales y se encuentra apto para el desempeño de las funciones propias de su puesto”.

CSI•F recuerda, además, que de no producirse la suspensión cautelar, “el perjuicio sería irreparable porque, de prosperar esa demanda, los afectados ya estarían jubilados forzosamente en virtud de esos expedientes, y en la mayoría de los casos ya habrían cumplido los 70 años, por lo que no tendrían ocasión de reincorporarse a su puesto de trabajo”.

La central sindical explica que, si la medida prospera al igual que sucedió en el caso de la trabajadora hospitalaria, Sanidad tendría que paralizar todos los expedientes de jubilación forzosa que ha iniciado y permitir que los empleados que tienen concedida prórroga puedan seguir en activo.