«La dimisión de un imputado debe decidirse en el ámbito ético y político»

Alberto Ruiz Ojeda es doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Diplomado en Regulación Económica por la London School of Economics, es Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga y Profesor Jean Monnet de Derecho Europeo. Ha ejercido también como Profesor Visitante en la Universidad de Harvard, entre otras.

–Se habla mucho de la financiación autonómica, del debate entre las comunidades autónomas y el Gobierno sobre la misma. Sin embargo, poco se alude a la financiación local. ¿Están mal financiados los ayuntamientos?

-Según los datos generales con que contamos, en torno a la mitad de los ayuntamientos presentan déficit, lo cual significa que están insuficientemente financiados. La situación es muy grave, pero tal vez debamos preguntarnos si esos Ayuntamientos son económicamente viables y, si lo son, adoptar decisiones sobre su continuidad.

-¿Sobran ayuntamientos en España?

-Pienso que sí sobran Ayuntamientos. Si se hace un análisis sosegado y se lleva a cabo un proceso sensato de redimensionamiento y fusión de las administraciones locales es posible que, en un cálculo muy somero, se consiga reducir en una cuarta parte el número actual de Ayuntamientos.

-¿Quién debe asumir sus competencias?

-Según el caso y la competencia de que se trate, las competencias de los Ayuntamientos absorbidos se asumirían por el Ayuntamiento resultante, por la comunidad autónoma o por el Estado.

-¿Sobran concejales?

-Sin ninguna duda. Y también sobran en abundancia funcionarios y empleados en todas y cada una de las Administraciones (no sólo locales) españolas. Es un lujo escandaloso y que este país no puede permitirse.

-¿Cuáles de las actuales competencias de los ayuntamientos pueden ser prescindidas? ¿Existen duplicidades?

-Formularía la pregunta de otro modo: ¿qué competencias han de prestar obligatoriamente los Ayuntamientos? El Anteproyecto de Ley de reforma de la Administración Local va, a mi juicio, en la buena dirección: los Ayuntamientos sólo podrán gestionar las competencias legalmente obligatorias y aquéllas que, sin serlo, puedan ser asumidas con arreglo a un previo análisis de viabilidad económica. No sólo hay duplicidades sino “triplicidades” competenciales, algo carente por completo de sentido y manifiestamente injusto.

-¿Por qué hay tanta demora en la aprobación de la nueva Ley de Bases de Régimen Local?

-Sin entrar a analizar la pesadez de nuestra maquinaria legislativa, pienso que la reforma tiene gran envergadura y es bueno que se haga a ‘fuego lento’ y, por tanto, que siga los pasos que ahora lleva. Es necesario escuchar las propuestas de las instancias implicadas, que son muchas. Puede cumplirse la razonable previsión del Gobierno de tener aprobada la Ley antes de finales de este año 2013.

-¿Cree que un representante electo debe dejar su cargo si es imputado?

-Según sabemos, tal obligación no existe legalmente. La cuestión, a mi parecer, debe decidirse en el ámbito estrictamente ético y político, no legislativo, en función de la consistencia de los indicios que llevan a la imputación, de la credibilidad para el ejercicio del cargo, etc.

-¿Qué le parece que un ayuntamiento sea intervenido por la Administración central?

-Si se dan las circunstancias legalmente previstas y se sigue el procedimiento establecido, no sólo me parece bien, sino necesario. Pero la intervención es una medida extrema que ha de ceñirse a los casos más graves y atender el principio de proporcionalidad. Existen medidas menos radicales pero eficaces y que ya están en vigor, dirigidas a asegurar la viabilidad económica de las Entidades locales, a las que se añadirían otras que incorpora el Anteproyecto de Ley de reforma de la Administración Local y que van en la misma dirección, como la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el control financiero, auditoría y saneamiento de los Ayuntamientos.

-La Generalitat Valenciana está en pleno proceso de externalización y venta de empresas públicas. ¿Puede deteriorarse el servicio que hasta ahora prestaban? ¿Cómo debe regirse el proceso para que el adjudicador no salga perjudicado en sus deseos de vender?

-Si se hace con un mínimo de rigor, la externalización de servicios y la privatización de empresas públicas en absoluto tienen que suponer un deterioro en la calidad de los servicios. Cómo hacerlo fue descubierto hace mucho tiempo: una licitación pública, competitiva y abierta a todos los operadores del mercado, así se fija el precio de los servicios y su gestión eficiente y justa. Cuando un poder adjudicador externaliza o privatiza un servicio en condiciones de mercado, nunca sale perdiendo, ni tampoco los usuarios, justamente, al contrario, todos ganan.