Guía práctica para entencer el «caso Emarsa» dos años después

La prolija causa judicial investiga la gestión que entre 2004 y 2010 llevó a cabo la ahora extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia y 17 municipios del área metropolitana para gestionar esa depuradora y el saneamiento de aguas residuales de Valencia.

La liquidación de Emarsa en 2010 puso de manifiesto una serie de irregularidade s, como un agujero económico de 17 millones de euros y un posible desfalco de 40 millones, que el PSPV-PSOE llevó a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas .

En noviembre de 2010, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que asumió la gestión de la depuradora tras el cierre de Emarsa , presentó una querella contra dos de los directivos de Emarsa, Esteban Cuesta y Enrique Arnal , y varios empresarios por delitos de estafa, administración desleal y malversación de fondos públicos.

La querella se presentó durante la presidencia de la Emshi de Enrique Crespo , quien en octubre de 2011 resultó imputado en el caso, junto a la cúpula de Emarsa.

A partir de ese momento comenzó una investigación judicial a la que se dedica en exclusiva un juzgado , el número 15 de Valencia cuyo titular es Vicente Ríos, y que ha dado lugar a la apertura de 102 tomos de diligencias, con miles de folios y de CD, y de varias piezas separadas.

La causa investiga los posibles delitos de malversación de caudales públicos , contra la hacienda pública, falsificación documental, fraude fiscal y estafa en Emarsa , y se está analizando el patrimonio de todos los imputados, sus familiares directos y sociedades implicadas, con la colaboración de dos inspectores de Hacienda del Estado en funciones de auxilio judicial.

Según las investigaciones, el "saqueo" en Emarsa se originó a través de una trama corrupta que empleó sus relaciones contractuales con la empresa pública para enriquecerse ilícitamente, sobre todo en las operaciones de tratamiento de lodos a precios "abusivos", trabajos no realizados o el gasto "desmesurado" en caprichos de los gestores.

Durante las declaraciones de los imputados, que comenzaron en octubre de 2011 y todavía continúan, han trascendido gastos de los directivos por miles de euros en c ompras de artículos de lujo, viajes de placer con gastos pagados -en ocasiones acompañados de supuestas traductoras rumanas-, sobrecostes y pagos en Andorra , Malta o Suiza.

En la fase de instrucción intervienen cerca de 40 partes y se han abierto más de veinte piezas separadas , mientras que hasta el momento hay 38 personas imputadas, una de ellas en prisión, y una orden de busca y captura internacional sobre Jorge Ignacio Roca Samper, expareja de la empresaria encarcelada, María Águila Aladren.

El juez considera que, a tenor de las diligencias practicadas y de la naturaleza y las dimensiones de la investigación que se lleva a cabo, "resulta imposible hacer una previsión, siquiera aproximada, acerca del tiempo que deberá emplearse en finalizar la instrucción" .

Según Vicente Ríos, de la instrucción se desprende la existencia de "numerosísimos indicios" de que un "número ciertamente considerable" de personas, integrantes de Emarsa y ajenas a ella, se "concertaron para obtener un beneficio ilícito a costa de los fondos de la sociedad".

También halla indicios de que "muchos de los trabajos facturados" a Emarsa por las personas o empresas investigadas "o bien no fueron realizados, o bien se facturaron a precios que no correspondían con las tareas efectivamente realizadas".

Paralelamente, Les Corts Valencianes constituyeron una comisión de investigación en la que comparecieron seis personas, que consideró responsables políticos de las irregularidades a los exdirectivos de Emarsa Enrique Crespo (quien dimitió como alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación tras ser imputado), Esteban Cuesta y Enrique Arnal.