El fiscal acusa a Oriol Pujol de «traicionar el interés público» en beneficio propio

En el documento remitido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado sostiene que el convergente «asume y ejecuta las pretensiones formuladas» por el empresario Ricard Puignou quien, a su vez, pudo valer del también empresario y amigo de Oriol Pujol imputado, Sergi Alsina, para utilizar al político.

«Dicha utilización se recompensa a través de los pagos debidamente efectuados por la sociedad Inteca a Alta Partners y de Alta Partners a Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol», concluye el fiscal, con lo que en el escrito pidió imputar al político y a su esposa por presunto cohecho.

Así lo ha concluido el fiscal a partir de un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera sobre correos electrónicos intervenidos en los registros realizados el 26 de marzo de 2012 en los despachos profesionales y domicilios de algunos imputados. En los correos consta como el empresario Enric Marugán —uno de los socios de la empresa Inteca— dice que Puignou «tuvo una conversación con Oriol Pujol y que éste le solicitó 30.000 euros aunque no mandan », en referencia a la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Industrial de 2008 durante el Govern tripartito, en el que no estaba CiU.

En este correo recogido en el auto, Marugán dice que Oriol Pujol se había entrevistado con Puignou y que iban a presentar enmiendas a la ley de Seguridad Industrial: «Harán campaña y aunque no mandan pide 30.000 euros» , dice el empresario a su destinatario.

«Indicios racionales»

El fiscal concluye que Puignou paga 80.000 euros a Alsina «sabedor de que éste influirá en su amigo íntimo Oriol Pujol , quien en su condición de portavoz del grupo parlamentario en la oposición, CiU, tratará de favorecer los intereses del primero».

Añade que, según Marugan, « Oriol Pujol también solicitó treinta mil euros por prestar sus servicios políticos y casualmente la mujer de éste recibió 46.400 euros de Sergi Alsina». El juez del TSJC en el escrito de respuesta al fiscal consideró que hay «indicios racionales» de soborno del diputado de CiU, de su mujer, y de los empresarios Puignou y Alsina.