Constitución

En Cataluña –dejando a un lado a los partidarios del actual estatus: “en tiempos de tribulación no hacer mudanza”, enseñó el clásico- hay quien no quiere dialogar, quien asegura querer dialogar y quien propone reformar la Constitución para encontrar una salida al “conflicto”. A quien no quiere dialogar –sordo como es- poca cosa se le puede decir. Al que aparenta querer dialogar, hay que preguntarle de qué habla cuando habla de diálogo y hacerle entender que todo diálogo tiene condiciones, marco y límite. Preguntas sobre el diálogo: ¿Se puede dialogar sobre la ilegalidad? ¿Cómo dialogar con quien –en el mensaje institucional de la Diada- señala la ruta del nacionalismo catalán: derecho a decidir, consulta, transición nacional y forma de Estado? ¿Con diálogo, negociación y voluntad política solucionaremos –como aseveran algunos - el “problema catalán”? Más preguntas: ¿El nacionalismo catalán quiere solucionar el “problema” o seguir tensionando la situación estrategia de la vía hacia la independencia? Finalmente, a quien propone una reforma de la Constitución hay que formularle algunas cuestiones: ¿Cuál sería la vida de una reforma dialogada del modelo autonómico? El nacionalismo catalán, ¿se conformaría con una reforma del Senado que lo convirtiera en cámara territorial, o con un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, o con la introducción de singularidades territoriales? ¿Singularidades para uno o unos cuantos? ¿La legalidad es moldeable a gusto del consumidor nacionalista?

La Constitución puede ser interpretada, pero dentro de un límite. La Constitución admite la reforma, pero siguiendo el procedimiento constitucional establecido ¿Hay que reformar la Constitución cuando lo pida un Parlamento autonómico sin contar con el apoyo suficiente en las Cortes? Seamos claros: 1) la legalidad española –como la internacional- no contempla la secesión de una parte del Estado y 2) el derecho a decidir tal como lo plantea el nacionalismo catalán no existe. Punto.