Expropiados, sin ayuda para la vivienda y con los pisos dañados

La promoción, de protección oficial y comercializada por el Patronato Municipal de Vivienda, acoge en total a unas 40 familias que ganaron un sorteo público o que fueron expropiados por una reforma urbanística que el Ayuntamiento hizo en Torre Baró.

Una parte importante de los nuevos residentes adquirieron la vivienda contando con la subvención del entonces ministerio de la Vivienda (que luego pasó a depender de Fomento), que con renovación cada cinco años y durante un máximo de diez años, financiaba un 40% de los pagos mensuales para la vivienda.

El pasado verano el gobierno central decidió suprimir esta ayuda. Aunque la subvención era ministerial, el Ayuntamiento es el responsable de la expropiación y realojamiento de los afectados. La decisión dejó a la estacada a muchos afectados, que están pasando apuros para poder pagar un alquiler de casi el doble de lo previsto. Incluso ya han habido impagos y, aunque de momento no se ha producido ningún desahucio, sí que hay algún proceso en vía judicial.

La mayoría de afectados «somos personas mayores, que hemos pasado de pagar unos 250 euros a casi 500», comenta Jesús Barragán, uno de los afectados. Entre ellos hay parados pero también gente trabajadora que pasa apuros, como una madre con dos hijos que a pesar de trabajar no puede pagar su nueva hipoteca.

Jesús lamenta que además ya perdió de su renta de 1.500 pesetas para su piso antiguo, unos 15 euros. «Con los 426 euros que cobramos muchos afectados -el subsidio del gobierno para los desempleados de más de 55 años-no damos abasto», lamenta.

Hasta ahora, 19 de los vecinos afectados han ido a solicitar ayuda a la Oficina de Vivienda de Nou Barris y además la Sindicatura de Barcelona ha recibido 33 quejas por el caso. Los afectados denuncian que hasta ahora no han obtenido solución.

En este sentido, la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha emitido un informe en que insta al Ayuntamiento a compensar a los afectados ya que «muchos vecinos se vieron embarcados por el Ayuntamiento en un cambio de vida no solicitado ni deseado por ellos». Vilà considera que el consistorio es el «indiscutible» responsable de «una intervención urbanística desafortunada».

Por su lado, el Ayuntamiento explica que está trabajando desde finales de verano para crear una subvención espefícica y ayudar así a los afectados cuyo pago de la hipoteca supere el 30% de sus ingresos. Además, el Consistorio ha hablado con la entidad bancaria afectada para instar a que no se produzca ningún desahucio.