Cataluña y la Unión Europea

Entre las posibilidades de ese nuevo orden internacional que se caracteriza por su elasticidad para adaptarse a los designios de sus hacedores, destaca en primer lugar, y por orden cronológico, la teoría de la ampliación interna de la UE. La idea que entre otros defiende –aunque es cierto que cada vez con menos ahínco por culpa de la terquedad de Barroso, Almunia y compañía- Oriol Junqueras consiste esencialmente en que, en el caso de que Cataluña se independizara, el nuevo Estado catalán no quedaría automáticamente fuera de la UE y tendría el mismo derecho que España –“lo que quedara de España”, dicen- a erigirse como sucesor del Estado español en la UE y en el resto de las organizaciones internacionales de las que a día de hoy forma parte. Parece increíble que aquellos que desde siempre han basado su estrategia separatista en la contraposición no ya entre Cataluña y Castilla o el resto de España, sino directamente entre Cataluña y España, sobre la base de que Cataluña no es España, pretendan ahora decir que España sin Cataluña deja de ser España.

La Vía Catalana de la Diada se inspiró en la Cadena Báltica que en 1989 atravesó Estonia, Letonia y Lituania en pro de la independencia de las tres repúblicas de la Unión Soviética, poco antes de la caída del Muro de Berlín y del desmembramiento de la URSS. Pues bien, el caso de la Unión Soviética es considerado por la doctrina internacionalista más autorizada como un caso de secesión de Estados –las repúblicas bálticas y el resto de las repúblicas soviéticas-, de ahí que tras el desmembramiento Rusia asumiera la personalidad jurídica de la URSS en las organizaciones internacionales y tratados suscritos por esta, mientras que los nuevos Estados, incluidas por supuesto las repúblicas bálticas, tuvieron que solicitar de nuevo su ingreso. Ni que decir tiene que el caso de España, un Estado democrático de Derecho, nada tiene que ver con el de la Unión Soviética, un Estado totalitario donde no se respetaban ni los principios democráticos ni los derechos fundamentales, pero el ejemplo permite comprobar cómo opera en caso de secesión el principio de la continuidad de los Estados. En el caso de una hipotética independencia de Cataluña, el principio de continuidad hace que España permanezca en la UE, mientras que el territorio desgajado tendría que solicitar su entrada en organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN o la UE, de acuerdo con las normas relativas a la adquisición de la calidad de miembro, que en el caso de la UE exigen la unanimidad de los Estados miembros.

Debilitada la hipótesis de la ampliación interna de la UE, los separatistas se apuntan ahora a la no menos incierta modalidad de la independencia a la carta, que, según el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional, consistiría en que las autoridades catalanas proclamaran la independencia permitiendo a los ciudadanos optar por conservar la nacionalidad española como subterfugio para asegurar la permanencia de Cataluña en la UE. Dejando a un lado la evidencia de que las autoridades del hipotético Estado catalán independiente no serían competentes en la atribución o pérdida de la nacionalidad española, la idea es sencillamente delirante, pues la condición de miembro de la UE la ostentan los Estados y no los ciudadanos. ¿Pero es que no se dan cuenta de que ni siquiera el hecho de que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña mantuviéramos la nacionalidad española convertiría a su anhelado Estado catalán en miembro de pleno derecho de la UE con voz y voto en sus principales órganos de decisión? ¿No son capaces de distinguir el ámbito privado de la esfera pública? Parece ser que no.

Ignacio Martín Blanco es periodista y politólogo