Tras semanas de negociación, acusaciones y defensas han llegado hoy a un pacto en el que los procesados por el caso Pallerols, de fraude en ayudas para la formación procedentes de la Unió Europea y entre los que figuraban exaltos cargos y militantes de UDC, han aceptado los hechos de que les acusaba la Fiscalía.
El pacto ha sido posible después de que el ministerio público, que inicialmente pedía para los procesados penas de hasta 11 años de prisión, se haya avenido a rebajar las penas y las indemnizaciones que solicitaba en un principio, parte de las cuales han sido asumidas económicamente por UDC como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo de la trama.
El pacto implica que queden sin cargos dos acusadas: la ex 'número dos' de la Consejería de Trabajo Dolors Llorens y María Cruz Guerrero, la mujer del empresario andorrano y acusado Fidel Pallerols.
El caso Pallerols es una trama de presunta financiación irregular de los años 90 de Unió, adonde se desviaron el 10% de las subvenciones que debían servir para cursos de formación ocupacional impartidos por las academias de Pallerols.
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