El mejor compañero de pupitre

Dicha frase se encuentra en el reciente informe elaborado por el Consejo Escolar del Estado, que ha sido presentado en esta Comunidad autónoma y en el que a través del estudio realizado por catorce investigadores de distintas universidades españolas se llega a la conclusión de que hay una relación directa entre esa participación activa de los padres, entendida como corresponsabilidad en la educación, y los resultados académicos de los escolares. «Lo que muestran los principales resultados del estudio es que la participación es una palanca que promueve el rendimiento de los alumnos y la mejora del clima escolar», afirma al respecto la investigadora principal del informe, María Castro, que añade que «toda esa comunicación con los centros alimenta un sentimiento de pertenencia, una identificación, una generación de altas expectativas académicas, tanto de los profesores como de los padres, que hace que se promuevan buenas prácticas en el ámbito de los centros educativos».

Antonio González, desde su experiencia, suscribe totalmente esta afirmación y añade que el estudio debe «servirnos de reflexión a todos, administraciones, familias y centros, porque todos debemos remar en la misma dirección», sobre todo porque, como indica el informe, la participación de las familias en las elecciones a órganos que pueden dar cauce a sus decisiones y opiniones, como son los consejos escolares, es «baja». En el caso de Castilla y León, según las cifras que maneja la Consejería de Educación y que comparte Confarcale, esa asistencia a las urnas asciende a alrededor de un 12% de los padres, dato que en cuanto a la participación general de los padres en la vida de los centros, la sitúa en un 60 o un 70% Pedro Juanes, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Castilla y León (Confapacyl). «Hay un grupo que sí está implicado en la educación de sus hijos» y que entiende que «hay que quitar la idea de que los niños se aparcan en el colegio», comenta, al tiempo que añade tajante que «en la familia es donde empieza la educación» y que «es importante que el niño vea que los padres van al centro y conocen lo que se hace en él».

El informe resalta además los múltiples factores que hoy en día contribuyen al devenir de la educación de los niños y adolescentes, así como los que hay que tener en cuenta en esa participación como la existencia de nuevas formas de familia «monoparentales» (y cita estudios que estiman que cerca de un 90% de ellas están encabezadas por la figura materna), «compuestas» o «recompuestas», el nivel sociocultural de los padres, la existencia de libros en casa, el que los progenitores compartan al menos una comida al día con sus hijos, etc.

Marino Arranz, presidente del Consejo Escolar de Castilla y León, sostiene la misma idea cuando afirma que «este es un estudio de evidencias empíricas que aglutina, a su vez, evidencias diarias que teníamos, como que los padres estén con los chicos charlando, que es bueno que hagan una comida diaria juntos, que hagan con ellos los deberes en casa». De igual modo, respalda la afirmación de que «es preciso formar a los padres que van a llevar su voz a los centros como a los profesores y directores» de los mismos, de modo que «el profesorado se entienda con las familias a la hora de tomar decisiones que sean comunes, que estén en una misma línea y que favorezcan el rendimiento escolar de los alumnos».

Una de las cuestiones que analiza el informe es la de la relación directa entre participación de la familia en la educación de sus hijos y la mejora del clima escolar y recomienda que «las familias deberían contribuir a la generación de dicho clima mediante actitudes de consideración hacia el profesorado».

Tanto Pedro Juanes como Antonio González consideran que los pasos dados en Castilla y León en este sentido son positivos. Juanes argumenta que «no ha aumentado la conflictividad en los centros» y González se muestra partidario de las campañas que han podido hacerse a favor de la dignificación del profesorado o de medidas como la de la Ley de autoridad del profesorado aprobada en la Comunidad.

Sí que el primero echa en falta «más tranquilidad y estabilidad» en las leyes educativas y González, que se tenga en cuenta la diferencia que marca el vivir en un medio rural en «una Comunidad tan extensa como Castilla y León», puesto que «en el segundo ciclo de Secundaria, hay un desarraigo de los niños ya que tienen que trasladarse a institutos de otras poblaciones a bastantes kilómetros», lo que complica la participación de los padres.

Asimismo, puesto que el estudio constata que «conforme los alumnos progresan a lo largo de sus cursos académicos, son cada vez más numerosas las familias que no están en condiciones de prestarles su apoyo», las administraciones «han de concebir, aplicar y mantener, de forma continuada, políticas y programas que compensen el handicap de los sectores con menos posibilidades económicas y menor nivel de preparación».

Y todos coinciden en una de las llamadas de atención del informe: «la labor de la escuela está aumentando progresivamente en dificultad y no se la puede dejar sola ante la tarea de educar en un contexto social y económico cada vez más complejo».