Apertura del curso académico en Salamanca
Apertura del curso académico en Salamanca - d.arranz
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Cambian las reglas del «juego»

Las universidades de la Comunidad consideran «precipitado y prematuro» modificar ahora el modelo 4+1

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Confusión, incertidumbre y precipitación son palabras que han estado en los últimos meses en boca de los responsables de las universidades de Castilla y León, que han afrontado el inicio de curso en medio de la polvareda provocada por el proyecto de real decreto lanzado por el ministro Wert y que podría modificar en España las enseñanzas de grado y hacer que estas pasasen del modelo actual de cuatro años de grado y uno de master a otro de 3+2 vigente en numerosos países europeos.

La idea del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que se basa en potenciar la internacionalización de las universidades españolas, se sustentaba en la autonomía y la voluntariedad universitarias para implantar ese nuevo modelo 3+2 y no ha sentado nada bien en los equipos rectorales castellanos y leoneses. Siguiendo la opinión marcada por la Conferencia de Rectores española (CRUE), así lo han destacado rectores y vicerrectores de Castilla y León a ABC, responsables universitarios que han exigido más reflexión en profundidad y más tiempo para una modificación de tal calado en la estructura de las enseñanzas universitarias.

El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, señalaba en la inauguración del curso 2014-2015 en la Comunidad que «la universidad española no necesita en estos momentos de la pérdida de energía que supone ese debate» y que dicha reforma, tal como fue planteada por el ministro introduce «la posibilidad de que haya grados de contenido y nombre similares y de duración diferente», lo que «configura un nuevo sistema de carácter profundamente desvertebrador de nuestro propio país, pues puede conducir a que vayamos a converger más con Alemania pero menos con Madrid o Extremadura».

A esta opinión se sumaba a los pocos días el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel, quien en el Paraninfo de la UVA aludía a que esa posible promulgación «de una disposición que deja al arbitrio de las universidades la modificación de las titulaciones es, en el mejor de los casos, inoportuna».

Salvo la Universidad Católica de Ávila, que no ha querido pronunciarse al respecto para este reportaje, todos los restantes responsables universitarios de la Comunidad coinciden, en primer término, en lo inoportuno de la propuesta porque, como alertaban los rectores de Valladolid y Salamanca, el pasado curso 2013-2014, se ha impartido el último año de las antiguas licenciaturas pre-Bolonia de cinco años y simultáneamente, las instituciones académicas de la Comunidad han culminado la implantación de los grados de cuatro años correspondientes a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

En revisión

Además, en el momento actual, las universidades se encuentran en pleno proceso de revisión de los resultados de las titulaciones de grado y master implantadas a partir del año 2007 y critican que, sin haber culminado ese análisis que permita la reacreditación de las mismas se plantee ahora tan profundo cambio. Así lo interpreta el decano de Estudios de Grado de IE University, Antonio de Castro, quien considera que «no es el momento más adecuado porque la experiencia ha sido muy corta» y porque «la situación de crisis actual hace que este momento, por excepcional, no sea el más idóneo para evaluar cómo se produce la inserción laboral» de los egresados que cuentan ya con una titulación de grado.

En IE preocupa que puedan convivir los dos modelos si se deja la decisión a la voluntariedad de cada universidad, y según De Castro, «es una reflexión muy importante pero que se ha hecho ahora a la ligera» y que introduce elementos de «confusión» para la sociedad como «¿qué criterio van a seguir los estudiantes: la rapidez en la formación optando por grados de tres años en vez de cuatro?».

Esta misma pregunta la completa la vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de León, Matilde Sierra, cuando cuestiona: «¿se puede asegurar que el alumno adquiere las mismas competencias cursando un grado con la misma denominación pero con una duración de 180 ó 240 créditos?» o «¿es preferible optar por un menor coste o en teoría, por una formación más completa?... Son muchos, pues los interrogantes que se plantean».

Para esta vicerrectora, el hecho de que se plantee la voluntariedad para las universidades «creará confusión, inquietud e incertidumbre en los equipos de gestión de las universidades, en los futuros estudiantes, en sus familias, en los responsables autonómicos de política universitaria, etc.» y sería «más sensato finalizar el proceso de reacreditación, analizar los informes emitidos por los paneles de expertos de la Agencia de Calidad y, una vez sacadas conclusiones y de una forma consensuada, hacer las propuestas de cambio que se estimen oportunas». En todo caso, Sierra es partidaria de que esas propuestas «afecten de igual forma a todas las titulaciones de currículum equivalente y deberían plantearse no solo por autonomías, sino en todo el territorio nacional».

En el caso de la Universidad de Burgos, su vicerrector de Ordenación Académica y Calidad, Manuel Pérez Mateos, opina que, «con independencia de que el planteamiento sea interesante, que quizá había que haberlo planteado al reformar en su día el modelo, no es el momento oportuno ahora porque ni siquiera tenemos finalizados los últimos cursos de los grados y no se han evaluado las ventajas e inconvenientes» de la estructura de cuatro años del grado más uno de master. «Introducir ese cambio tan drástico sería complicar de forma muy grave la vida universitaria», apunta, al tiempo que añade que «hay muchas lagunas no clarificadas que no tienen respuesta» en el borrador de decreto presentado por el Ministerio, como la repercusión que tendrán en la inserción laboral de los titulados la diferente duración de un grado con el mismo nombre pero diferente número de créditos.

Alude a que, como ya lo han manifestado, «las universidades públicas vamos a tener una postura común al respecto» porque argumenta que la otra opción de tres años de grado y dos de master se encamina a otros objetivos que no son los académicos: «supondría tener más alumnos y un incremento de los ingresos sin que se preste más atención a la calidad de la enseñanza».

En esta última idea insiste también la vicerrectora de Docencia de la Universidadde Salamanca, Carmen Fernández, para quien «esto favorece a las universidades cuyo objetivo último es el lucro, a las privadas» y aboga por «tener una reflexión más seria y larga y no pensar en el corto plazo».

Además de cuestionar si las universidades públicas podrán afrontar la necesidad de profesorado suficientemente acreditado que llevaría aparejado el aumento del master a dos años, o si podrá «comprimirse» en tres años el contenido docente marcado ahora para los cuatro años del grado, Fernández Juncal resalta también la «enorme paradoja» que supone «que una medida que se toma para favorecer la convergencia con Europa pueda suponer una enorme disgregación interna nacional entre las universidades», sobre todo teniendo en cuenta que «algunos países, y lo sé por colegas alemanes, se están planteando si modificar su modelo 3+2 para adoptar el nuestro de 4+1». Si esto sucediera y España a su vez modificara su estructura de las titulaciones, volveríamos a ir a «contrapié».

Más becas

Al mismo tiempo, también alerta de que si se lleva a cabo la reforma, «o se plantean más becas para el master» -donde ahora hay menos que para el grado, siendo unos estudios «considerablemente más caros»- o aumentarán las dificultades para los alumnos con menos recursos económicos. Lo que es claro, a su juicio, es que «un año menos de becas, alguien se lo ahorra».

Como IE, hay otras universidades privadas que muestran cautela ante el proyecto. Es el caso de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, cuya rectora, Imelda Rodríguez, afirma que «necesitamos un tiempo prudente para valorar cuáles han sido los resultados» de la adaptación al EEES y «contar con evidencias claras que nos ayuden a decidir por qué motivo el modelo 3+2 puede llegar a ser más efectivo que el actual», y no sólo por el argumento de que la mayoría de países de la UE cuentan con él.

A su juicio, la voluntariedad para implantar este sistema «puede generar una confusión social considerable», ya que «si un alumno puede estudiar una titulación de 3 años en una universidad, ¿se planteará cursarla en otra que tenga una duración de 4 años?». «Esta “voluntariedad”, por lo tanto, no es tal, ya que surgirían problemas de competitividad entras las universidades y podría llegar a alterarse el rigor y la calidad académica, pilares básicos de cualquier institución educativa», comenta a ABC.

Eso sí, sí recuerda que «es fundamental valorar esta propuesta en profundidad para saber en qué medida podría llegar a mejorar, por ejemplo, los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos, su valor competencial y su capacidad para adaptarse al mercado laboral de forma eficiente» y matiza que «no entiendo que la propuesta sea inadecuada sino que ahora mismo necesitaríamos acometer un proceso de reflexión con suficiente tiempo para no perder de vista el rigor con el que debe ejercitarse».

Por su parte, el rector de la Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo, ha reconocido que ese cambio, de producirse, «hay que hacerlo con inteligencia».