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La Fiscalía abre investigación para aclarar la muerte de la niña de Treviño

El País Vasco alega que se negó la ambulancia por «criterio médico» y Castilla y León mantiene su confianza en la coordinación entre autonomías

La Fiscalía abre investigación para aclarar la muerte de la niña de Treviño jesús andrade

i.reyero/h.díaz

20/03/2014
Actualizado a las 08:24h.

Diagnóstico común entre el Gobierno vasco y la Junta de Castilla y León, que ayer se conjuraron para mandar un mensaje de tranquilidad a la población residente en zonas limítrofes y garantizar que la atención sanitaria que se les presta es de la «misma calidad» ... que la del resto de ciudadanos. Ante la «desgraciada muerte» de la niña de tres años vecina del enclave burgalés de Treviño, inserto en territorio alavés, por complicaciones de una varicela, ambas administraciones desvincularon «el fatal desenlace» con la particular situación administrativa de esta población. La familia de Anne Ganuza, fallecida el lunes después de que el servicio vasco de emergencias denegara el envío de una ambulancia a la localidad burgalesa de La Puebla de Arganzón -a 18 kilómetros de Vitoria y a 98 de Burgos- denunció que el 112 vasco les había derivado a Miranda de Ebro. Desesperados por el agravamiento de la pequeña, su padre la trasladó finalmente en coche al hospital vitoriano de Txagorritxu, donde murió poco después.

Pero el consejero vasco de Salud, Jon Darpon, aseveró ayer que «en ningún momento» el servicio de emergencias 112 planteó a la familia que solicitaran una unidad móvil a Burgos. Nada de eso se recoge, dijo, en el contenido de las grabaciones telefónicas.

La Fiscalía vasca abrió ayer diligencias tras anunciar lo propio el Gobierno vasco ante presuntas responsabilidades en su servicio de salud (Osakidetza) por la atención prestada.

En todo caso, Darpon desveló que fue la coordinadora del servicio vasco de emergencias la que por «criterio médico» decidió no movilizar una ambulancia para asistir a la niña, cuyo estado de salud se había agravado peligrosamente a primera hora de la mañana del lunes. En su lugar, optó por enviar a la médico de guardia del pueblo, que llegó al domicilio cuando la familia ya había ido al hospital. A las 7:04 esta facultativa dio aviso al 112 de Castilla y León para informarles de la situación. A las 6:45 la familia contactó para solicitar ayuda. La tarde anterior, el personal de urgencias del hospital alavés la había mandado a casa tras no hallar pruebas concluyentes para su ingreso. La investigación se centra ahora en determinar si hubo negligencia en su atención primera y en el criterio de la coordinadora de urgencias por no enviar una ambulancia al domicilio.

En un comunicado conjunto, los dos gobiernos lamentaron «profundamente» la muerte de la pequeña Anne y emplazaron a esperar el resultado de la investigación abierta para, en su caso, depurar responsabilidades. Aunque afirmaron que el dramático caso «no tiene vinculación» con el sistema de colaboración y coordinación sanitaria entre ambas comunidades, que consideran «satisfactoria y eficaz».

Entre Castilla y León y el País Vasco «no existen fronteras sino puentes», añadió el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, quien reiteró que, a su juicio, no se trata de «un debate que cuestione el Estado de las autonomías», sino de un caso aislado.