Alaya busca dinero de los ERE en UGT de Valladolid

Un paso más en la pista de las abusivas comisiones cobradas con dinero público de los ERE ha conducido a la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, hasta las cuentas de otras federaciones de UGT y Comisiones fuera de Andalucía, el epicentro del fraude. En un nuevo auto dictado el pasado martes, la magistrada ordena a varias entidades bancarias que faciliten información detallada «a la mayor brevedad posible» acerca de cuatro cuentas corrientes vinculadas a distintas ramas de ambos sindicatos, como le había solicitado previamente el Grupo de Delitos Económicos (Sección de Fraude y Contrabando) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que indaga en el rastro del dinero defraudado. De las cuentas investigadas, dos pertenecen a oficinas radicadas en Valencia , una fue abierta en Valladolid y la cuarta figura en una sucursal de Madrid. El pasado 17 de enero la magistrada ya dio instrucciones sobre los movimientos bancarios de otras cuentas de CC.OO. y UGT en el País Vasco.

El objetivo es «determinar el fin último dado a los fondos que nacen de la Administración andaluza», detalla en su auto. Conocer «la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta de Andalucía» durante una década (2001/10).

Con este nuevo paso en las pesquisas, la juez persigue que la Guardia Civil pueda «depurar las responsabilidades penales de personas físicas o jurídicas que habrían sido receptoras de fondos públicos que originariamente habían salido del erario con un fin subvencionador y, sin embargo, habrían acabado capitalizando otros intereses».

Hasta ahora, la Guardia Civil «ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas». La juez destaca que este negocio «habría permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes» en los ERE. La UCO calcula que, ya sea directamente a través de las federaciones o utilizando a sus aseguradoras (como Atlantis Asesores SA y ASP Asesoramiento Seguros), UGT y CC.OO. cobraron al menos 7,6 millones de euros por captar negocio para los mediadores y en ocasiones sin realizar trabajo alguno.

Una de las confederaciones que ha puesto ahora bajo su foco es la central «ugetista» de Valencia. Alaya ha expedido un mandamiento judicial a la CAM para que facilite en un archivo informático «el listado de los movimientos bancarios habidos» desde el 1 de enero de 2006 hasta finales de 2012 en una cuenta abierta por este sindicato en la sucursal de la calle Armando Palacios Valdes, en la capital de Turia.

En otra sucursal de un banco de Valencia, ubicada en la plaza de la Virgen, tiene otra cuenta la Confederación de Comisiones Obreras. Alaya solicita a la entidad que informe a los agentes de la UCO sobre los titulares y autorizados actuales y anteriores.

Por último, Alaya pide información sobre otra cuenta de una oficina bancaria de la calle Alcántara, en pleno corazón del barrio madrileño de Salamanca. Como titular aparece la Federación Agroalimentaria de uno de los dos sindicatos que tampoco se especifica.

La titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla prosigue el camino abierto el 17 de enero pasado. Entonces solicitó información sobre cuentas de UGT y CC.OO. en el País Vasco, además de las federaciones andaluzas de Industria y Agroalimentaria (Feagra) de Comisiones, así como tres «filiales» de UGT Andalucía: la federación Agroalimentaria (FTA) de Cádiz, la del Metal, Construcciones y Afines (MCA) y la de Industria (FIA).