La agresión a un profesor podrá suponer hasta cuatro años de cárcel

El texto también plantea que la Fiscalía podrá perseguir este tipo de delitos, eximiendo al docente agredido de ser el agente principal del a denuncia, según explicó el consejero de Educación, Juan José Mateos, quien destacó de la ley puesta sobre la mesa que convivencia y autoridad «van unidas». Una conjunción, resaltó Mateos, que supone una de las notas características «diferenciadoras» respecto a las de otros territorios.

Precisamente, la convivencia escolar en la que se lleva trabajando años es una de las «fortalezas» y «patas» sobre las que se asienta la nueva ley, que pretende hacer frente a los «problemas» de falta de autoridad detectados. Y es que, pese a que Castilla y León, «en términos generales, no es una comunidad agresiva» y es «poco conflictiva» y los altercados «no son generales, sino excepcionales», es cierto que esas dificultades existen y es a los que trata de hacer frente este nuevo texto normativo que el consejero de Educación, «receptivo» a la máxima participación y «mejoras», prevé aprobar en el próximo periodo de sesiones por «unanimidad». «Sí somos conscientes de que hay problemas y lo mejor es prevenirlo y eso es lo que pretende la ley», afirmó.

«Los profesores tienen que sentir autoridad», primero sintiéndose «apreciados» por su labor y, segundo, ellos mismos al impartir sus conocimientos y por su propia «jerarquía en el aula», subrayó Mateos, quien incidió en que los docentes «merecen autoridad para desarrollar su labor docente». Según Mateos, esto es «clave» para los resultados educativos obtenidos por Castilla y León. «Creo que la sociedad está de acuerdo con la existencia de esta ley», confió el máximo responsable educativo en la región, quien descartó la existencia de conflictos con los padres por elevar a rango de autoridad a los profesores. «La mayoría de las personas tienen sentido común y saben que tienen que tener autoridad», apuntó Mateos, quien recordó con las asociaciones de padres «opinan que es buena». A falta de los datos definitivos de este curso que el Observatorio sobre la convivencia escolar ofrecerá en octubre, el consejero avanzó es que predomina la «idea» del «descenso», respecto al pasado periodo lectivo, de los alumnos con incidencias, así como del número de los que interrumpen las clases, a la vez que aumentan los centros que comunican al Observatorio su situación. Una vez que entre en vigor, la ley amparará tanto a los profesores de la red pública (más de 28.300), como a los de la concertada-privada (más de 9.100).

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también aprobó ayer una subvención de 81.353.734 euros para las cuatro universidades públicas de la Comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante el tercer trimestre de 2013. De esta cantidad, 8.019.405 euros corresponden a la Universidad de Burgos; 13.334.886 a la de León; 30.121.473 a la de Salamanca; y 29.877.968 a la de Valladolid. «Se trata de un importante esfuerzo que demuestra el compromiso con el sistema universitario público», señalaron desde el Eejcutivo autonómico