Preferentes con final civil

En las emisiones públicas de las preferentes ya se explicaban «las sombras» que escondían unos intereses superiores a los de los depósitos a plazo fijo del momento: «El adjetivo preferente no otorga a sus titulares la condición de acreedores privilegiados. Al contrario, las participaciones están por detrás de todos los acreedores del emisor, incluso detrás de las obligaciones subordinadas». Además, las preferentes, que sólo tienen «preferencia» respecto a los accionistas, ofrecían una remuneración que no se considera un dividendo, sino un tipo de interés, cuyo pago está condicionado «a que la entidad consiga beneficios». En supuestos «extremos de insuficiencia patrimonial» de la entidad emisora, ésta podría «liquidar la emisión por un valor inferior al nominal de las participaciones, con la consiguiente pérdida para sus titulares del principal invertido». Y lo que es más grave, es una compra «a perpetuidad» con su venta limitada a un mercado secundario oficial que se derrumbó «de la noche a la mañana».

Los espectaculares resultados de las cajas impidieron a muchas personas contemplar siquiera esa posibilidad «extrema» de que se dejaran de pagar los intereses, como tampoco se consideró la opción de que el mercado de preferentes se cerrase a cal y canto sin opciones de venta ni de liquidez. Entre enero de 1998 y diciembre de 2012 se emitieron en España 115.283 millones de euros, de los que quedan vivos 5.629.

Por el camino, una huida hacia adelante de las cajas en su expansión hasta copar el 50% de la cuota de mercado bancario, necesitadas de capital para su sostén. El «crack» de 2008 arrasó el escenario bucólico y la sequía financiera unida a la caída de la economía empujaron a las entidades a volcarse en captar «para la causa» los ahorros de sus clientes. Fue la «guerra» de los intereses, con tipos de hasta el 8%. No duró mucho. Las cuentas de resultados hicieron aguas y, sin beneficios, los preferentistas dejaron de cobrar.

La batalla de los afectados

Arranca así la batalla de los afectados por las preferentes. Los primeros en sufrir el envite fueron los clientes de las cajas nacionalizadas, que tras el rescate bancario vieron cómo de la mano de la Unión Europea se ordenaban quitas del 43% en Novagalicia Banco, del 61% en Catalunya Caixa, del 90% en Banco Valencia y del 38% de media en Bankia. La obligación al canje por acciones supuso un recorte adicional, «letal» en el caso del gigante originado en torno a Caja Madrid, donde la cotización en Bolsa cayó al mínimo posible.

Las entidades intervenidas tienen la opción del arbitraje, una forma más rápida de recuperar el dinero y evitar el colapso judicial impulsada por el Gobierno y que tiene como fecha tope el 30 de junio, sin que en ningún caso suponga la paralización del canje por acciones o la recuperación de la quita. En Castilla y León más del 65% de los afectados de Bankia han solicitado ya el arbitraje (8.690 clientes). Entre ellos se encuentran los antiguos clientes de Caja Segovia, que emitió 62 millones de euros en 2006. Hasta el momento se han dictado ya 120 laudos favorables a los clientes y les han hecho el ingreso en sus cuentas, conscientes de que el resultado del arbitraje implica la renuncia a la vía judicial.

Otros como Banca Cívica (de la que forma parte Caja de Burgos) ofrecieron el canje con una emisión por importe de 904 millones de obligaciones convertibles o canjeables en acciones de Banca Cívica y, por ende, de Caixabank en 2018. Para asociaciones de consumidores como Adicae, «otra trampa».

Peor suerte aún corren los preferentistas del Banco Ceiss , que en febrero conocieron que no habría intereses ante la previsión de unas pérdidas de casi 2.000 millones de euros. A estas alturas, organizados en distintas plataformas coordinadas entre sí, hacen frente a 450 millones de participaciones. En el caso de Caja España, con una media de «inversión» de 26.000 euros fruto de tres emisiones, una en 2004 con intereses entre el 3 y el 5% y dos en 2009 considerablemente mejores, con tipos de hasta el 8,5%. De Caja Duero se arrastran parte de las emisiones de 2003 y las de 2009, por valor de 100 millones.

La quita para la caja regional se sitúa entre el 67% de la serie C de 2004 y el 24,9% de la serie I de 2009, en función de su fecha de vencimiento. Las preferentes pasarán a convertirse en bonos convertibles -los conocidos «cocos»- del Banco Ceiss en 2015 y para entonces las esperanzas están puestas en la compra de la entidad por Unicaja.

Movilización

Las plataformas de afectados más potentes son las de León y Zamora , aunque también están presentes en Valladolid, Palencia, Soria y Salamanca. En colaboración con asociaciones de consumidores y con el asesoramiento de distintos bufetes de abogados -con los que se han cerrado precios asequibles-, diseñan la estrategia con la que recuperar su dinero y salen a la calle para dar presencia a su reclamación. Alertan a los afectados de la proliferación de letrados que pretenden pescar en río revuelto. «Ya estamos escarmentados», reconoce el presidente de la plataforma leonesa, Basilio Garmón, que encabeza la delegación que se ha reunido con «todo el mundo» para recabar apoyos y organizar lugares de información para los afectados. El principal, el de la Fiscalía Superior de Castilla y León. Su responsable, Manuel Martín-Granizo , se comprometió a estudiar la situación. De los políticos, aseguran, sólo han recibido «buenas palabras».

No obstante, la plataforma ha recibido esta semana un nuevo varapalo. Desde los Juzgados de León les han trasladaron que no tienen capacidad material ni de personal para asumir las demandas por preferentes del Banco Ceiss. Calculan que los afectados tarden hasta cuatro años en tener sentencia, publicó «La Crónica de León».

Su defensa se basa en la teoría del engaño masivo, de la estafa. «Es flagrante en el caso de la emisión de 2009, porque ellos ya sabían que la caja estaba en quiebra», lamenta Garmón, que repite una y otra vez que nadie es tan ambicioso como para invertir su dinero con los riesgos que implican las preferentes y que, aunque hay de todo, el perfil de los afectados responde a mayores de 60 años sin formación. Los dramas esconden, según los afectados, mentiras del personal de confianza de sus entidades habituales. «Los que idearon todo esto se encomendaron a todos los santos para que no pasara nada y así estamos», critica Garmón. Su primer paso serán las denuncias civiles porque lo prioritario es recuperar el dinero cuanto antes, pero no olvidan las acciones penales para exigir responsabilidades. El camino recorrido en Zamora es paralelo. Se sienten solos, aunque cada vez son más. En León, más de 3.000; en Zamora, 800; y en Burgos y Palencia, más de 500.

El portavoz de los zamoranos, José Luis Redondo , se ha propuesto terminar de recoger documentación en julio para poder presentar las demandas conjuntas, para que aquellos con cantidades pequeñas puedan tener opciones en un proceso judicial. Redondo está acostumbrado a recibir consultas de afectados por las preferentes de Bankia, de Caixa Nova... «No somos un despecho de abogados, pero los ayudamos y los remitimos a Madrid o a la sede principal, donde se concentran las reclamaciones».