«Acabó el proceso. Treviño es Castilla y León»

Sendos ayuntamientos, que aprobaron el pasado mes de marzo sus respectivas solicitudes de segregación, se daban así de bruces con los siguientes trámites a cumplir para que sus pretensiones se hicieran realidad, aunque depositan sus ilusiones en que el Parlamento Vasco promueva en las Cortes Generales una Proposición de Ley en este sentido.

El informe de máximas vinculaciones históricas, sociales, culturales y económicas emitido por la Junta es contundente a la hora de «acreditarlas» y poner de manifiesto que éstas son «indiscutibles» tanto con la provincia de Burgos como con la Comunidad. El texto supone que «aquí acaba el proceso». «Ya no sigue», recalcó el también portavoz del Gobierno regional, quien recordó que es igual que en el intento de separación de 1998, que tampoco prosperó.

En el aspecto histórico, el informe señala que «desde el siglo XI» el Contando de Treviño «ostenta una identidad propia, formando parte desde el año 1200 de la Corona de Castilla» y en la división provincial de 1833 quedó asignado a la provincia de Burgos, algo que se mantiene en el Estatuto de Autonomía . «Treviño siempre ha sido Burgos y Castilla y León. Por tanto, no cabe argumentar que tal situación es un anacronismo», sentencia.

Desde el punto de vista social, De Santiago-Juárez destacó que los habitantes del enclave «se benefician» de los servicios de la Junta y la Diputación, a lo que hay que añadir la prestación a través del convenio suscrito con el País Vasco hace año y medio, que seguirá mejorando. En este sentido, el consejero destacó que en el informe se compara la calificación de los servicios de una y otra comunidad y en sanidad, educación y servicios sociales, Castilla y León tiene una «mejor nota», por lo que no tienen razón los alcaldes treviñeses en sus críticas en este sentido, basadas en un estudio de 2003. El consejero recordó que, durante los seis años de crisis, la Junta ha realizado inversiones en el Condado por valor de casi 55 millones de euros, 27.501 euros por habitante.

«Doblemente amparados»

El castellano «no se incorpora en ningún momento» a la vida de Treviño, sino que el idioma «nace en el seno de su realidad geográfica» y supone el «vehículo de expresión propio del pueblo, nunca impuesto por Castilla y León». Es el principal argumento de la vinculación cultural, que también se constata desde el punto de vista económico, ya que su estructura socioeconómica «es similar» a la de la región.

Y si tajante es el informe «desfavorable» de la Junta, no menos lo es el de la Diputación de Burgos , que ayer aprobó, con los votos de PP y PSOE y la oposición de UPyD, los informes contra la segregación. El portavoz popular, Borja Suárez, explicó que así la institución provincial cumple la «legalidad» en el proceso abierto por los alcaldes del enclave y que desde Burgos se da por cerrado este nuevo intento independentista, el quinto en la época democrática.

La Universidad de Burgos ha emitido el informe jurídico, en el que destaca el «blindaje» del territorio establecido en el Estatuto de Autonomía; la Institución Fernán González, el histórico y la Diputación han informado de la prestación de servicios. En este sentido, Suárez afirmó que los treviñeses se encuentran «doblemente amparados» y en «mejores condiciones» que los de otras zonas de la provincia gracias a los acuerdos entre Castilla y León y el País Vasco . Reconoció que la reivindicación de los ayuntamientos del Condado es «legítima», pero recordó que se debe enmarcar en la legalidad vigente y, por lo tanto, termina con los informes negativos aprobados ayer en pleno.

El PSOE respaldó estos informes y criticó la iniciativa de los alcaldes del enclave de intentar «puentear» a Castilla y León y a Burgos y llevar su reivindicación al Parlamento nacional a través del País Vasco. En este sentido, el portavoz socialista, José María Jiménez , aprovechó la ocasión para pedir una «solución dialogada y pactada» entre todos los grupos políticos en el ámbito nacional para dejar de hablar de «fronteras y territorios» y «que Treviño esté donde más convenga a los ciudadanos y no a los políticos». Por eso, apostó por reabrir la ponencia en el Senado sobre los enclaves.

En el mismo sentido se posicionó la diputada de UPyD, Rosario Pérez, quien reivindicó una ley orgánica que regule la ordenación del territorio y la situación de los 50 enclaves que existen en España. «Ni el territorio ni la historia tienen derechos, pero sí los ciudadanos», señaló la diputada, quien consideró que la petición de segregación responde a las diferencias existentes entre las dos comunidades.