El secretario del Cabildo de Lanzarote declarará en el proceso contra Pedro San Ginés, imputado por dos delitos

Según fuentes judiciales, Perdomo comparecerá en sede judicial el próximo 17 de septiembre en su condición de secretario del Consejo Insular de Aguas, organismo dependiente del Cabildo, con el fin de esclarecer su participación en la tramitación del expediente sancionador abierto a la empresa propietaria de la planta desaladora, incautada sin orden judicial .

Las mismas fuentes señalaron a EFE que la declaración de Francisco Perdomo puede resultar "crucial" en el proceso penal, ya que una cuestión importante en la instrucción es determinar si existían o no los soportes técnicos y jurídicos necesarios para proceder a la incautación ordenada por San Ginés.

El presidente del Cabildo declaró a comienzos del pasado mes durante más de dos horas como imputado por esta causa, en la que también están acusados los gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero , respectivamente.

La declaración San Ginés y de los dos funcionarios se produjo después de que el pasado 23 de junio la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ordenara tramitar la querella presentada en su contra por la empresa Club Lanzarote , propietaria de la planta desaladora intervenida, al apreciar los magistrados "presuntos delitos" en la incautación.

Aunque en una primera instancia la querella fue archivada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, la Audiencia anuló esa decisión y ordenó su tramitación para investigar los hechos denunciados por Club Lanzarote.

Precisamente se trata de los mismos hechos por los que una sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en vía contencioso administrativa, adoptó medidas cautelares en una sentencia dictada el pasado 17 de junio, en la que anula la incautación y ordena devolver la planta a sus propietarios .

El mismo día en que declaró como imputado San Ginés, el Cabildo informó oficialmente que el presidente de la corporación y del Consejo insular de Aguas, había presentado una denuncia ante la Policía Nacional, según la cual la empresa Club Lanzarote habría cometido delitos contra el medio ambiente , la salud pública y los consumidores, así como de defraudación tributaria y estafa.

Según informó entonces el Cabildo, la denuncia se presentó después de que el instructor del expediente sancionador abierto en su día a Club Lanzarote señalara "la posibilidad de que existan responsabilidades de tipo penal achacables a la empresa , que supuestamente vendía agua a hoteles y villas sin autorización, sin la preceptiva concesión del Consejo Insular de Aguas, sin tarifas aprobadas y sin los preceptivos controles , lo que representaba "un claro peligro para los ciudadanos y el medio".

San Ginés aseguró ante el juez que procedió a la incautación porque en Playa Blanca se estaba produciendo una situación irregular y que existían informes técnicos y jurídicos, así como requerimientos del Diputado del Común que le aconsejaban tomar medidas respecto a la desaladora, operada entonces por la empresa Club Lanzarote.