El BdE avisa que la ley canaria de vivienda puede restringir el crédito a familias y empresas

Estas son solo algunas de las conclusiones que la institución que gobierna Luis María Linde obtuvo de su análisis de la versión canaria de la llamada «ley antidesahucios» . Unas conclusiones que el BdE, a instancias del Ministerio de Economía y Competitividad, que dirige Luis de Guindos , plasmó en uno de los informes que sustentan el recurso de inconstitucionalidad que el gabinete de Mariano Rajoy interpuso contra la norma del Ejecutivo que preside Paulino Rivero . Este informe del regulador bancario, de alrededor de diez páginas y al que ha tenido acceso ABC, es especialmente crítico con la ley de la Consejería de Vivienda, el departamento cuyas riendas lleva la nacionalista Inés Rojas . De entrada, el BdE explica, al margen de la «indefinición» de determinados «elementos» de la norma, lo que dificulta la «valoración cuantitativa» de sus potenciales repercusiones en el sector financiero, que esta ha originado «ya» una «indeseable incertidumbre» en lo relacionado con la gestión de los activos inmobiliarios (las casas, los edificios) de las entidades de crédito y la propia Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria , el «banco malo». No es esta, sin embargo, la única advertencia.

A renglón seguido, el regulador agrega, también con independencia de que la ley haya quedado en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia, que la norma «ha añadido inseguridad jurídica» con respecto a las garantías de los títulos hipotecarios de las entidades españolas. Esto, en definitiva, podría mermar las posibilidades de financiación de la banca y, por consiguiente, entorpecer la aún incipiente reapertura del grifo del crédito . En otras palabras: si conseguir un préstamo sigue siendo harto difícil, lo sería incluso más tras la puesta en práctica de la ley.

El informe del Banco de España expone también lo que ocurriría, a su juicio, en el caso de que la norma del Ejecutivo regional, que integran el PSOE y los nacionalistas de Coalición Canaria, llegase a prosperar. Llama la atención en este punto, habida cuenta del carácter social de la «ley antidesahucios», que su aplicación pueda afectar indirectamente a los bolsillos de los ciudadanos . No en vano, el BdE cree que podría dar lugar a un incremento de los costes de la reestructuración financiera que han de sufragar las arcas estatales.

La institución que gobierna Linde recuerda, al hilo de lo anterior, que en la actual coyuntura resulta «imprescindible» mantenerse «vigilantes» , ya que el total cumplimiento de las medidas que incluye el programa de reformas es de «suma importancia». Un cumplimiento, puntualiza el regulador, que exige la «cooperación» entre la Administración central y la autonómica, la cual no se ha dado en este caso .

No olvida el Banco de España que la «ley antidesahucios» canaria no es la primera que aprueba un Parlamento regional ( las de Navarra y Andalucía están también en suspenso tras sendos recursos del Gobierno), de ahí que avise que, de salir todas adelante, los «efectos negativos» sobre el sector financiero se agravarían.

El BdE también cuestiona la redacción de la norma y, de hecho, califica de «contradictorio» el procedimiento administrativo que esta prevé para declarar deshabitada una casa, un procedimiento que llevaría a cabo el Instituto Canario de la Vivienda , que depende de la consejería de Inés Rojas . Asimismo repara en que el «concepto» de vivienda deshabitada que tiene el Ejecutivo de las Islas se basa en «presunciones» y en que la ley faculta a la Administración autonómica para multar a las personas jurídicas que no hagan «uso habitacional» de una casa con hasta 300.000 euros, una cantidad superior a la de la norma navarra y muy superior a la de la andaluza .

Resulta paradójico en el informe del regulador, teniendo en cuenta el pretendido carácter social de la ley, la advertencia sobre la posibilidad de que su puesta en práctica imposibilite precisamente a las familias en peor situación económica para conseguir un crédito . Argumenta el BdE que las entidades aumentarían sus exigencias para conceder un préstamo hipotecario , ya que la garantía en caso de impago quedaría devaluada por la norma.