El defenestrado patronato de CajaCanarias recurrirá en el Supremo la sentencia del TSJ

La resolución que ha dictado el TSJC ha supuesto un jarro de agua fría para los miembros del patronato, a quienes el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) apartó repentinamente de sus responsabilidades al frente de la Fundación el 27 de marzo de 2013. Ese día, el consejo de gobierno acordaba «tutelar» el proceso de transformación de CajaCanarias y nombrar una gestora. En definitiva, acordaba relevar a Álvaro Arvelo y el resto de patronos en una tarea que estos ya habían emprendido y que, de hecho, y al margen de si estaba o no terminada dentro del plazo, sí estaba al menos en sus últimos trámites. Hubo administraciones autonómicas, como las andaluza (Cajasol) y castellano-leonesa (Caja Burgos), que incluso actuaron al respecto de un modo opuesto al del ejecutivo de Rivero, tal como alegó el patronato en su recurso. En Cataluña y la Comunidad Valenciana, por el contrario y como en Canarias, sí intervinieron. En cualquier caso, el TSJC juzga, en resumen, que el 3 de enero, día en que expiraba el plazo para culminar la transformación de las cajas de ahorros en fundaciones, el proceso aún no había concluido, de modo que da la razón al Gobierno de las Islas, que resolvió entonces «tutelar» la conversión.

Este jueves, en conversación con este diario desde Barcelona, Arvelo adelantó que ya están trabajando en el recurso que interpondrán ante el Supremo. Quien primero fuera presidente de CajaCanarias y después presidente de la Fundación (al menos del patronato que debía gestionar la transformación hasta la irrupción del Ejecutivo del Archipiélago) reconoció que no esperaban la resolución que ha dictado el TSJC y que están «afectados» por ello. «Pero se va a recurrir», avisó.

Arvelo recordó cómo en su día se había convocado la asamblea que después acordó designar, «con nombres y apellidos», a los miembros del patronato. Estos incluso llegaron a tomar posesión en el marco de un proceso que se consultó a las consejerías del Gobierno de la región, aseguró el expresidente de la entidad, y que, por tanto, parecía entonces desarrollarse sin problemas. «El Gobierno de Canarias dejó pasar la fecha límite [el 3 de enero] y, tres meses después, tomó esa decisión», puntualizó Arvelo. La sentencia del TSJC considera, en cambio, que al Ejecutivo le resultó «imposible» estudiar toda la documentación y achaca el retraso al patronato, una conclusión que Arvelo rechaza de plano y que tratarán ahora de refutar en el Alto Tribunal. «Cumplimos la ley, y ahí quedó un trabajo bien hecho», sentenció.

Desde el gobierno de nacionalistas y socialistas fue el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, quien valoró la sentencia del tribunal canario. Hernández Spínola expuso que la resolución del TSJC «garantiza» la labor de la Fundación CajaCanarias y apoya la «seguridad jurídica» de la decisión del Ejecutivo. El consejero del PSC-PSOE defendió que la intención de la Administración siempre fue «garantizar la continuidad de la actividad de esta Fundación, por su gran relevancia e incidencia sobre el tejido social, deportivo y cultural del Archipiélago», agregó.