El mamotreto

Durante décadas, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ejerció su santa voluntad sin miramientos, acaso con el convencimiento de que el apoyo continuo de las urnas hacia una determinada opción política dotaba a ésta de la legitimidad suficiente para saltarse la ley a la torera. En éste y otros asuntos, por los motivos que fuese, se halló la complicidad de otros partidos, lo que contribuyó a que la distancia entre el paisaje idílico que dibujaba la corporación y la realidad, es decir, las normas que rigen la convivencia en un Estado de derecho, fuese cada vez mayor.

Pero el gran aliado de la justicia, el paso del tiempo, ha permitido, por un lado, aclarar lo ocurrido y, por otro, poner a cada cual en el lugar que merece. La decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de responsabilizar a cargos políticos y técnicos supone la derrota de la impunidad, esto es, de una forma de hacer política que se sostenía en la suposición de que los mandamases municipales estaban por encima del bien y del mal.

Las vicisitudes que marcan el día a día de una institución, las buenas y las malas, no ocurren porque sí, sino porque se han tomado decisiones, y detrás de dichas decisiones se esconden rostros, nombres y apellidos. Y esos rostros, nombres y apellidos están obligados, moral y judicialmente, a responder de sus acciones para que la sociedad pueda dirimir si lo malo se trató de un mero error, amparable bajo la certera leyenda errare humanum est, una falta de diligencia o una actuación ajena a derecho a sabiendas de que se producía tal quebranto de la ley.

Por todo ello, al mamotreto, o a lo que quede de él, habría que considerarlo, más que una mera edificación, un símbolo de la decadencia de la política y, al mismo tiempo, de la esperanza en el surgimiento de un nuevo modelo de gestión pública en el que prevalezcan el respeto a la ley, que no es otra cosa que el respeto a la ciudadanía.