La Audiencia de Cuentas destapa múltiples irregularidades en las fundaciones canarias

De entrada avisa la Audiencia de Cuentas que ni una sola de las ocho fundaciones públicas dependientes de la Administración autonómica cuenta con un manual de procedimiento para la organización y dirección de su plantilla. Esta inobservancia, sin embargo, resulta insignificante tras conocer la serie de irregularidades que el informe pone de manifiesto.

El ente fiscalizador expone que no ha podido constatar que la Fundación Canaria «Rafael Clavijo» para la Investigación Biomédica, la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) y la Fundación Canaria de Juventud Ideo adoptasen las medidas para garantizar los principios de publicidad y concurrencia en la contratación de nuevos empleados. Por si fuera poco, ni estas tres ni las fundaciones de Investigación y Salud y Sagrada Familia respetan o respetaron en aquellos años los principios de igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección del personal. «Se ha comprobado», pues, que incumplen el Estatuto Básico del Empleado Público.

En lo tocante a las retribuciones, incluidas las que percibieron los gerentes, el descontrol es la tónica general. Tan es así, que la «Rafael Clavijo» y la de Investigación y Salud «no cuentan con los mecanismos y procedimientos necesarios que garanticen un adecuado control de las retribuciones percibidas por los investigadores y el personal que trabaja para ellas». Además, en la Funcatra y, de nuevo, en la Fundación Canaria de Investigación y Salud, en concreto en el ejercicio de 2008, las remuneraciones de sus gerentes superaron las fijadas para los jefes de servicios del Ejecutivo de la región «sin que existiera autorización previa del Gobierno». Lo mismo ocurrió en los casos del gerente y del gerente adjunto de Ideo.

El trabajo de la Audiencia de Cuentas pone también énfasis en los incentivos, gratificaciones y otros complementos salariales que se embolsaron los empleados de la «Rafael Clavijo» y de la de Investigación y Salud. Conceptos «que no se encuentran recogidos en sus contratos ni están previstos en el convenio colectivo». A ello hay que agregar que, en la fundación «Rafael Clavijo», son los investigadores principales quienes determinan tanto sus propios emolumentos como los que recibirán sus subordinados en aquellos proyectos con financiación privada, «sin que conste el establecimiento de criterios objetivos aprobados».

En 2009, 16 investigadores que formaban parte del Hospital Universitario de Canarias percibieron de la «Rafael Clavijo» cantidades superiores a 3.000 euros cada uno sin disponer del preceptivo certificado de compatibilidad, de modo que se vulneró así la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.