Turismo socialista

La Ley 2/2013, de 29 mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, ha acaparado una parte importante del debate político en las Islas desde su aprobación.

El debate, principalmente, se ha centrado en la prohibición de poder hacer nuevos hoteles de cuatro estrellas y en cómo afecta esto negativamente a Gran Canaria, lo cual ha avivado, no con poca razón, el pleito insular.

Sin embargo, este pobrísimo debate demuestra el escaso apego que tienen los políticos insulares a nuestras libertades, pues lo trágico de la ley no es que permita o no realizar más hoteles de cuatro estrellas, sino que pueda existir en el siglo XXI una ley que planifique centralmente la principal actividad económica de nuestras islas: el turismo.

Esta ley agrede o coacciona institucionalmente al libre ejercicio de la función empresarial de los canarios, y por lo tanto es una ley socialista que podría haber sido firmada por el mismísimo Stalin. La función empresarial es la encargada de la coordinación social, pues descubre y elimina los desajustes sociales convirtiéndolos en oportunidades de ganancia.

Si eliminamos esta posibilidad, estamos destinados al colapso económico, pues los políticos, como explicaría el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, no poseen la información suficiente para conocer cuáles son las acciones empresariales necesarias para la coordinación social y la creación de riqueza.

Es muy triste oír cómo el político canario con más responsabilidades de nuestro país en materia turística, José Manuel Soria, caía en los mismos postulados socialistas que defiende el gobierno de Paulino Rivero, al asegurar hace unos meses en la convención del PP que «debe ser cada cabildo insular el que determine cuál es la mejor oferta turística, sin necesidad de tutelas».

No le corresponde al Gobierno de Canarias ni a los cabildos tutelar o determinar cuál es la mejor oferta turística, sino a los distintos individuos que conforman nuestra sociedad, pues son ellos, intercambiando bienes y servicios a través del mercado, quienes muestran cuáles son sus preferencias, y de esta forma los empresarios del sector turístico pueden descubrirlas y, en última instancia, decidir la oferta para satisfacer dicha demanda.

Por ello, si queremos renovar y modernizar el turismo, ser competitivos y crear riqueza y empleo en Canarias, no debemos cambiar la ley, sino derogarla y devolver las competencias turísticas a los ciudadanos.