Siniestro estatuto

La propuesta para un nuevo Estatuto de Autonomía que ha remitido el Gobierno de Canarias al Parlamento para su debate no puede ser más inquietante, tanto por su forma como por su fondo.

En primer lugar por su extensión, 201 artículos y más de 29.400 palabras, siguiendo esa corriente reciente de extender las normas legales, con la pretensión de evitar dejar fuera de la acción política cualquier esfera de la vida de los ciudadanos particulares, condenados a pagar los costes de gestión de tan extraordinaria capacidad de actuación pública. No es ninguna exageración.

Sin ir más lejos, el artículo 144.d dice que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de Juventud, que incluye la regulación y la gestión de actividades e instalaciones destinadas a los jóvenes. Es decir, su ocio en manos del gobierno.

Friedrich A. Hayek escribió en su «Camino de servidumbre» que «no es casualidad que en los países totalitarios, tanto en Rusia, como en Alemania o Italia, se haya convertido en un problema el modo de organizar el ocio de las gentes. Los alemanes han llegado a inventar para este problema el nombre horrible y en sí contradictorio de Freizeitgestaltung (literalmente: la configuración del tiempo libre) como si aún pudiera llamarse tiempo libre al que ha de gastarse de una forma dispuesta autoritariamente».

La extensión del texto resulta llamativa porque es tres veces la del estatuto en vigor desde el año 1982 y supera en diez mil palabras la Constitución Española del 78, siendo seis veces y media más larga que la de la constitución norteamericana, acaso la razón (su concreción) de su prolongado éxito.

Por eso no debe extrañar que se aspire a regular el ocio de la juventud o se incluyan nuevos derechos como el de una renta de ciudadanía con el fin de unas condiciones de vida dignas (art. 23), aportaciones cargadas de ideología y demagogia a partes iguales que requieren para su implantación un papel activo de los dirigentes, al modo que denunciaba Murray Rothbard, para quien eso solo era posible con la violenta intervención del Gobierno en la sociedad.

Todo esto podrá hacerse en la medida que para darle a Zebenzuí antes habrán de quitarle a Yeray. Algo que reconoce el texto en sus principios rectores, artículo 35, cuando señala que «la política económica estará orientada a un crecimiento estable, consecución del pleno empleo [si no fuera trágico, merecería una carcajada] y la redistribución equitativa de la renta y la riqueza entre los ciudadanos y ciudadanas de Canarias conformes a los criterios de justicia social».

El Partido Popular ha dicho que no admitirá siquiera sentarse a negociar el texto, pero no ha explicado si es por disconformidad en lo que expresa la no nata norma o es mera estrategia política. A ellos les debemos muchas cosas con las que en inicio y aparentemente no estaban de acuerdo, ya sea la moratoria turística, la televisión y radio autonómicas... Sería saludable que esta vez no cediesen.