Economía enmienda la plana a Vivienda por la ley antidesahucios «a la canaria»

En el primer informe desfavorable, fechado el 4 de septiembre y a que ha tenido acceso ABC, el director general de Planificación y Presupuesto, Arturo Melián, pone de manifiesto que la financiación de los objetivos que persigue la ley ( sufragar las expropiaciones temporales , desarrollar las medidas para promover el alquiler de casas deshabitadas y promover también la rehabilitación o reparación del parque público de viviendas) es «indeterminada» e «inconsistente».

La causa de esta indeterminación e inconsistencia está, según el dictamen, en que esta financiación, es decir, el dinero, saldrá de las sanciones impuestas y, sobre todo, de «los depósitos en concepto de fianzas de arrendamiento y suministros complementarios y los intereses que estas generen». Y recuerda Planificación y Presupuesto que las fianzas, sujetas como están a devolución, «impiden su consideración como fuente de financiación autónoma».

El informe expone también que los gastos de la aplicación de la norma (un remedo de la elaborada por la Junta de Andalucía) llegarían a 18,9 millones de euros, gastos sin cobertura presupuestaria. Asimismo habría que incrementar en casi medio millón de euros más los gastos de personal del Instituto Canario de la Vivienda, habida cuenta de que el Servicio de Inspección, Sanción y Disciplina que se prevé crear no podría funcionar con los empleados con que actualmente cuenta el instituto.

En definitiva, expone que «toda vez que los efectos y las repercusiones de la norma no tienen cabida dentro del marco presupuestario a medio plazo de la comunidad autónoma, para el período 2014-2016, su aprobación podría poner en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

La dirección general se reafirmaría en su posición, tras atender la respuesta del área de Vivienda, en dos siguientes informes del 12 de septiembre y del 16 de septiembre, a los que también tuvo acceso este diario.