Las empresas «zombi» del Gobierno de Canarias costaron más de 1,7 millones en 2013

Ambas empresas dependen en última instancia de la presidencia regional, y por tanto de Paulino Rivero. Saturno debió cerrar el último ejercicio con unos números rojos de 160.000 euros, sin embargo, estos ascendieron a 760.000, exactamente 600.000 euros más. La razón de este incremento está en la serie de cuestiones judiciales que la empresa ha de afrontar, y que no resultaron precisamente baratas el año pasado.

Estos 600.000 euros fueron gastos imprevistos relacionados con la defensa de la sociedad anónima en una demanda, tal como consta en las fuentes en que ha consultado ABC. Además, otra parte de esa cantidad deriva de varios procedimientos judiciales en los que Saturno fue condenada a pagar las costas. Estos procedimientos tuvieron que ver con la participación de la entidad en Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, la entidad por medio de la cual se habría llevado a cabo el controvertido proyecto del escultor vasco Eduardo Chillida para la montaña de Tindaya, ubicada en Fuerteventura.

Con respecto a CCB-Tenerife, esta perdió en 2013 casi medio millón de euros más que lo previsto por el Ejecutivo autonómico. Los 700.000 euros que el Gobierno regional inyectó al margen de los 500.000 aprobados inicialmente no sirvieron para compensar las pérdidas, que fueron de casi un millón de euros.

Fueron exactamente 461.101 euros los que los números rojos de la Canarias Congress Bureau de la isla del Teide (tiene una gemela en Gran Canaria: CCB Maspalomas) sumaron de más en el último ejercicio. Un dinero que deriva, fundamentalmente, del incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que ha de pagarse por el Palacio de Congresos de Tenerife; de los costes que acarreó la licencia de apertura del recinto; de los gastos de agua y luz; y de los recargos e intereses de demora por los retrasos en los pagos de otros tributos. En definitiva, los números rojos en los presupuestos de explotación de la entidad pasaron de ser de 500.000 euros, la cantidad aprobada, a ser de 961.101.

En total, las pérdidas de estas empresas, que no reportan beneficios a los ciudadanos, superaron los 1,7 millones de euros, de los cuales alrededor de un millón fueron pérdidas extraordinarias.