Reducir el aparato político

Y aunque es cierto que una reducción de parlamentarios regionales no saca de la crisis a ninguna comunidad, como medida de tipo ejemplarizante sí que podría aminorar ese sentimiento tan extendido entre la ciudadanía de que hay demasiados políticos ocupando escaños en los parlamentos de nivel regional. Y además, si todas esas cámaras legislativas territoriales siguiesen su ejemplo, se reduciría de manera considerable los cerca de 400 millones de euros que nos cuesta a los ciudadanos el mantenimiento de todos ellos.

Varias comunidades autónomas ya han anunciado la adopción de medidas similares. Por ejemplo, Galicia ya ha puesto en marcha su proceso de reducción y, a medio plazo, puede que se produzca una concatenación en la que, tal vez Madrid, Cantabria, Baleares, La Rioja, Valencia y Murcia podrían seguir el mismo camino de la gallega.

Pero sorprende comprobar cómo nuestra comunidad autónoma no aparece en ese listado. Y eso sucede a pesar de que la mayoría de los canarios somos conscientes de que nuestra estructura política y administrativa es muy desproporcionada, no solo en relación con la población de las islas, sino sobre todo por nuestra capacidad financiera.

Lo que pasa es que en este archipiélago, mientras sigamos bajo el yugo del este Ejecutivo regional conformado por CC y los socialistas de Canarias, claramente insensible con los problemas de los ciudadanos, todo lo que huela a reducción de privilegios es inmediatamente rechazado por las esas dos formaciones políticas.

Y, claro, no es de recibo que Canarias, con el mismo número de habitantes, por ejemplo, que Galicia y País Vasco, mantenga todavía a 60 diputados autonómicos . Y ya no digamos si esa comparación la hiciésemos con Castilla La Mancha que, como Canarias, tiene una población superior a los dos millones de habitantes y que, con la reciente modificación de su Estatuto, pasarán de los 49 diputados actuales a solo veinticinco.

Y este ejemplo debería servir también para una reducción en la Administración Local. En este sentido, es al Gobierno central al que le corresponde mover ficha y poner en marcha los reglamentos necesarios para que la Ley de Bases de Régimen Local recientemente aprobada, comience a surtir sus efectos. Y, entre ellos, el más importante: una reducción en el número de concejales de todos y cada uno de los municipios de España. Y es que ambas reducciones son un clamor de la sociedad.