Piden dos años de prisión por «mobbing» para Ángela Mena, esposa de Paulino Rivero

El escrito que la acusación particular ha elevado al susodicho juzgado, y al que ha tenido acceso este diario, narra un supuesto acoso laboral a una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el que Mena, de Coalición Canaria (CC), es la responsable del área de Viviendas Municipales .

Según el relato, a la funcionaria en cuestión, entre otras cosas, se le impuso «ilegalmente» una comisión de servicios que no había pedido . Sobre este particular cabe recordar que el decreto en virtud del cual se aprobó esa comisión de servicios fue impugnado judicialmente, tal como recuerda el escrito de la acusación particular.

El propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife acordó primeramente suspender el decreto, para después anularlo por medio de una sentencia fechada el 29 de abril de 2010. La sentencia condenó en costas al Consistorio de la capital tinerfeña, que no recurrió la decisión.

El escrito de la acusación narra también presuntos capítulos de «hostigamiento» hacia la funcionaria y expone supuestas acciones como la negativa de Mena a que «le fueran firmados los permisos y vacaciones desde la Concejalía que dirigía», lo que, siempre supuestamente, llevó a la funcionaria a tener que hacer estos trámites ante el jefe del Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos.

Junto con Mena están acusados también José Enrique Núñez, ex coordinador de Servicios Personales del Ayuntamiento; Nieves Pérez, directora general de Recursos Humanos; Miguel Ángel García, ex jefe de Recursos Humanos; María del Cristo Díaz, ex directora de Participación Ciudadana; y Dominga Electra Bermúdez, ex secretaria del Consejo de la Mujer. Tanto para Mena como para el resto de acusados, la acusación pide la misma pena : dos años de prisión, diez de inhabilitación e indemnización solidaria de 80.000 euros.

El caso comenzó cuando la funcionaria, que lleva en el Ayuntamiento desde 2004 (desde ese momento en problemas con la funcionaria interina que ocupaba su puesto) fue supuestamente «presionada» por Mena para que cambiase la valoración otorgada a la empresa Innova , la finalmente adjudicataria de un contrato en el que inicialmente no había sido la mejor valorada.