El Parlamento «apaga» la señal de televisión porque «perjudica el interés público»

La resolución, firmada el 27 de mayo por el secretario general, Salvador Iglesias , atribuye el abrupto punto final del concurso al desarrollo de «las tecnologías de la información y audiovisuales» y a que los planteamientos iniciales de la licitación «no se ajustan a las necesidades actuales del Parlamento , puesto que no garantizan disponer de un sistema que cubra con eficiencia las necesidades de captura, gestión y distribución de la señal institucional».

En base a estos dos argumentos y visto el informe del Servicio de Contratación y Mantenimiento, la Mesa, encabezada por el socialista Julio Cruz , acordó renunciar a la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para la captación, producción y emisión de la señal institucional de televisión, «por las razones de interés público expuestas» y, en segundo término, notificar a los licitadores el acuerdo y el derecho a «ser compensados por los gastos» que les hubiese acarreado presentarse al concurso.

Desde 2011

La publicación del discutido contrato, licitado por un importe de 500.000 euros , se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 14 de febrero después de que la Mesa parlamentaria alcanzara un acuerdo el 27 de diciembre de 2011. Su plazo de ejecución era de seis meses y los interesados podían presentar sus ofertas hasta este 28 de marzo.

Se da la circunstancia que, desde su salida, Antonio Castro defendió el proyecto de las críticas, al que consideró un instrumento capaz de «acercar» el Parlamento a los ciudadanos. Negó que fuese una televisión, sino una señal parlamentaria «para todo el mundo» con el fin de que, por ejemplo, los plenos pudieran verse «desde casa» por Internet .

«Se ofrecerá información veraz e institucional, real y completa, y que estará a disposición de todo el que la solicite», comentó aquel mes de febrero de 2012. Incluso, reconoció que estaba «orgulloso» de la iniciativa y avanzó que podría abaratarse algo el coste , en función de las ofertas que presentaran las empresas interesadas.

La frustrada iniciativa habría permitido, además, que los ciudadanos pudiesen acceder a toda la actividad de la Cámara y ponerse en contacto con los diputados y miembros del Ejecutivo regional, informaba Castro, sin que nada presagiara su posterior desistimiento por «el importante perjuicio para el interés público» que podría acarrear la señal institucional.

Participación ciudadana

Máxime cuando hasta el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero , llamaba este martes en su perfil de Google Plus a participar en la futura Ley de Transparencia autonómica como mecanismo de mejora de las administraciones públicas canarias.

«Desde el Gobierno de Canarias invitamos a todos los ciudadanos a redactar juntos la Ley de Transparencia de nuestra comunidad. Convocamos a los ciudadanos a participar activamente, a dar su opinión sobre qué quieren que contenga esta Ley, qué medidas quieren incluir para mejorar la transparencia en la Administración Pública de Canarias», escribió Rivero.

Entretanto, el Parlamento prosigue con dos concursos centrados en la actividad de los diputados propiamente dicha.