La auditoría de Emalsa no halla la solicitud de anticipo de Sercanarias por 1,3 millones

Los auditores de la consultora Auren responsables de fiscalizar la gestión de los últimos cinco años de la empresa mixta de aguas de Las Palmas SA (Emalsa) no han encontrado la « documentación acreditativa » en la compañía que explicite la solicitud formal de Sercanarias del anticipo transferido por Emalsa, por importe de 1.316.000 euros, con fecha aproximada a 21 de abril de 2010, como parte de la prima para optar a la compra de una nave industrial en el polígono de Los Tarahales, operación objeto de una denuncia de Joël Séché, expresidente de Saur Internacional, en los tribunales de Versalles (Francia).

«No existe documentación acreditativa en Emalsa respecto a que Sercanarias solicitara formalmente dicho anticipo», señala el punto número diez del resumen del informe no confidencial de la auditoría realizado por Compromiso por Gran Canaria y presentado ayer por su presidenta Nardy Barrios.

A la vista del resumen de 26 páginas de una auditoría que ronda las 400 páginas, Barrios concluyó en nota de prensa que «ningún alcalde, ni antes ni ahora, ha cumplido con su obligada función de defender los intereses generales de Emalsa , los intereses públicos de los ciudadanos».

Las «pocas hojas del informe denuncian de forma reiterada el descontrol, la falta de documentos y la existencia de procedimientos de contratación, sin anotaciones en los Libros de Actas, ni autorizaciones previas del Consejo de Administración, ni pliegos de condiciones, ni informes económicos—jurídicos que respaldaran la necesidad de la autocontratación , ni se razonara la adjudicación siempre a los socios privados y a sus empresas vinculadas, en lugar de adjudicárselo a Emalsa», que cuenta con 250 trabajadores en plantilla, subrayó.

Prueba de que los gestores privados de Emalsa «han hecho y deshecho a su antojo», es la «autocontratación» de servicios con empresas participadas por ellos mismos. «Se autocontrataban y se autocontratan directamente las obras», recalcó. Estos contratos en los últimos cinco años han supuesto 45.778.544 euros, a razón de 10 millones de euros por año y «no existe un sólo informe jurídico, ni autorizaciones razonadas previas del Consejo de Administración, ni del Comité de Gerencia, ni pliegos de condiciones que razonen y defiendan estas autocontrataciones millonarias ».