El agua vuelve a los vecinos de Santa Cruz

Si las cosas funcionan, no hay que tocarlas. El agua era una de ellas. Un recurso limitado, irremplazable y esencial para la vida, que debe estar lejos de los intereses especulativos de determinadas empresas o centros de poder. El Ayuntamiento de Santa Cruz quiso hacer un negocio con el agua. Se justificó aquella operación por la necesidad de recaudar los 52 millones de euros que el Ayuntamiento había abonado para recuperar los terrenos de la playa de Las Teresitas y evitar que fuera urbanizada.

La venta de Emmasa y su privatización fueron ya en 2005 un verdadero escándalo. Nadie se explicaba en la ciudad que los rectores municipales se desprendiesen caprichosamente de una empresa rentable y emblemática. Y claro, como siempre, cuando hay entre bastidores ruidos de metal y movimientos incomprensibles, todo se hizo deprisa y muy mal .

El expediente administrativo era jurídicamente, y en muchos aspectos, una auténtica chapuza. El interventor del Ayuntamiento fue fulminado por advertir tales irregularidades . En cuanto al proceso de adjudicación a la multinacional Sacyr Vallehermoso, (una empresa que nunca había gestionado el agua y carecía de experiencia), resultó aun más penoso. Después de seis años, los resultados de tan perniciosa adjudicación saltan a la vista.

Su promesa de invertir 45 millones para mejorar infraestructuras hidráulicas del municipio han quedado en papel mojado. Han aparecido, sin embargo, subcontrataciones ilegales , incumplimientos sistemáticos de condiciones del concurso, intentos abusivos de cobros a particulares y comunidades, averías y quejas sistemáticas. etc. Agua mal gestionada, cara y mala, si queremos resumir.

El 22 de julio de 2005, el pleno del ayuntamiento aprobó la privatización de Emmasa, y ello a pesar de la advertencia de ilegalidad que formulamos “in voce” Guillermo Guigou y yo. No solo votamos en contra de tan irregular y dañino acuerdo sino que, días mas tarde y en nombre de Ciudadanos, interpusimos contra el mismo el correspondiente recurso contencioso-administrativo para obtener judicialmente su anulación. Ahora se nos da la razón .

Solo diré, sintetizando la larga tramitación judicial, que en el año 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló el acuerdo plenario de privatización de Emmasa, anulación que acaba de confirmar hace unos dias el Tribunal Supremo, al inadmitir y rechazar un improcedente recurso del Ayuntamiento de Santa Cruz. Las razones jurídicas para esta anulación pudieron haber sido varias , como reconoce la propia Sentencia de la Sala, pero fue suficiente para el TS y el TSJC con la ausencia de un trámite esencial en el proceso (la exposición pública de la memoria) para que opinaran los ciudadanos en tema tan trascendente.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, que ya ha subsanado este trámite de información pública, deberá ahora cumplimentar la sentencia convocando un nuevo pleno donde, previa consideración de las alegaciones formuladas, recaiga nuevo acuerdo en los términos que los actuales concejales consideren y estimen en relación con el modelo de gestión del agua. De volverse a optar por una empresa mixta fijar de nuevo la proporcionalidad accionarial y, en su caso, iniciar un nuevo proceso de adjudicación . Todo ello es así porque de un acto declarado nulo no puede derivarse ninguna consecuencia jurídica posterior.

Lo más importante de todo esto es que los vecinos de Santa Cruz han recuperado el agua . ¿Volverá a quitársela el Ayuntamiento?